La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del país cumple este 24 de abril trece años de salvar las vidas y garantizar los derechos humanos de las mexicanas, como una característica de las sociedades más progresistas del mundo. Gracias a ello, se puede probar con datos duros que, contrario a lo que dicen las asociaciones anti-derechos, quienes más interrumpen su embarazo no son las “adolescentes que no saben cerrar las piernas”, sino las mujeres de 18 a 34 años, que ya cuentan con otros hijos y que poseen un nivel de estudios de entre la preparatoria y la universidad. Otro mito roto fue el pensamiento de que las mujeres que abortan lo ven como algo sencillo, y que seguramente lo volverán a hacer cuando de nueva cuenta queden embarazadas. Al respecto, las estadísticas arrojan sólo un 2% de reincidencia. Además, de todas las mujeres que han hecho uso de la ILE en la CDMX en estos años, el 75.6 por ciento, son católicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo 47 millones de mujeres mueren cada año a causa de abortos inseguros y ello sucede en países de legalidad restringida. Además, el 13 % de todas las muertes maternas vienen de abortos provocados o clandestinos. No obstante, en el resto del país el gran problema que se vislumbra en las discusiones locales es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética personales, cuando el aborto en México es, antes que nada, un problema de salud pública que vivimos y padecemos las mujeres. Contrario a la progresista Ciudad de México, al votar en contra de la iniciativa que despenaliza el aborto en nuestra entidad, el Congreso del Estado de Hidalgo dejó pasar nuevamente la oportunidad de sumarse a los estados más vanguardistas del país, y decidió dejar que las hidalguenses sigamos siendo ciudadanas de segunda en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
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