Las manifestaciones pacíficas han sido motor de cambio en todas las democracias modernas. Desde el boicot a los autobuses en Montgomery hasta las marchas por los derechos civiles encabezadas por Martin Luther King Jr., Estados Unidos forjó buena parte de su historia democrática a través del derecho a protestar. Irónicamente, hoy parece haber olvidado esa herencia. Cuando quienes protestan son migrantes latinoamericanos —y peor aún, mexicanos—, el mismo ejercicio se convierte, a los ojos de algunos políticos, en amenaza.
Las protestas recientes en Los Ángeles, organizadas por comunidades migrantes frente a redadas injustificadas, condiciones precarias en centros de detención y amenazas de deportación masiva, han sido ejemplares en su forma: pacíficas, autogestionadas, visibles. Lejos de responder a indicaciones externas, son el resultado directo de un sistema migratorio obsoleto que lleva décadas sin una reforma de fondo. Sin embargo, voces como la de Kristi Noem prefieren construir enemigos imaginarios. En lugar de enfrentar el reclamo legítimo de miles de personas, recurren al viejo recurso de culpar al extranjero. Esta vez, al gobierno de México.
Pero la comunidad migrante mexicana no necesita ser dirigida por nadie. Tiene voz propia, historia propia y causas propias. Son más de 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, y gran parte de ellas trabaja, paga impuestos y sostiene industrias enteras. Las remesas enviadas desde EE.UU. superan los 63 mil millones de dólares anuales, y solo en 2022 se estima que más del 50% de los migrantes indocumentados contribuyeron con impuestos locales, estatales y federales, según el Center on Budget and Policy Priorities. Sin derecho a votar, sin seguridad social completa, sin representación política. ¿No es legítimo, entonces, alzar la voz?
Las protestas de hoy no nacen del radicalismo. Nacen del hartazgo. De un sistema migratorio que desde la administración Clinton hasta la de Biden ha sido incapaz de ofrecer soluciones. Nacen del miedo constante a una deportación, de la separación de familias, de los abusos de ICE, de los niños en jaulas bajo la gestión de ambos partidos. Nacen también del hecho de que, mientras estas comunidades sostienen la economía, se les sigue tratando como si fueran desechables.
Acusar a México de “alentar” estas manifestaciones no solo es falso, es una forma de criminalizar la protesta. Es un intento de silenciar la demanda más básica: la de ser tratados con dignidad. Quienes marchan en Los Ángeles no lo hacen por ideología, lo hacen porque ya no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan. Lo hacen como lo hicieron antes los trabajadores agrícolas de César Chávez, los Dreamers frente al Capitolio o los padres de niños separados en la frontera.
La pregunta, entonces, no es por qué protestan. La pregunta es por qué incomodan tanto. No hay conspiración detrás de estas protestas. Hay historia, hay razones, hay dolor acumulado. Y sobre todo, hay futuro. Estados Unidos seguirá temiendo a quienes solo exigen justicia. Tiene miedo de escuchar porque sabe que lleva años sin responder. Y ha olvidado que, si hoy se enorgullece de sus libertades, es porque alguien alguna vez se atrevió a protestar.
