San Francisco del Rincón ha sido por años cuna de talento y trabajo. La industria del calzado no solo genera ingresos, también identidad. Pero hoy, esa tradición convive con un problema que crece sin freno: el zapato pirata.
No se trata de una curiosidad de mercado ni de un mal necesario. Es una cadena completa que opera al margen de la ley: talleres sin registro, patrones que no pagan seguro social, productos que imitan marcas reconocidas, empleos sin prestaciones. Todo esto bajo una normalidad aparente que va debilitando las bases de la economía formal.
Y no solo es informalidad: también es terreno fértil para la corrupción y la violencia. Este ha sido, por años, un espacio donde vívales cobran “cuotas” a cambio de supuestos arreglos con la autoridad, mientras que la delincuencia organizada ha encontrado aquí una nueva fuente de extorsión. Muchos fabricantes, aunque enfrentan amenazas reales, prefieren no acudir a las autoridades —ni municipales ni estatales—, porque saben que su actividad está en la ilegalidad federal. No tienen marca registrada, permisos ni cumplimiento normativo, lo que los deja sin respaldo legal y sin confianza en quien podría ayudarlos.
Lo más grave es que ningún gobierno ha querido realmente enfrentar el problema. El gobierno federal lo ve como un tema local sin mayor dimensión; el estatal, pese a su continuidad sexenal, no ha logrado articular una estrategia ni establecer un verdadero diálogo con la Federación. Y el gobierno municipal, aunque lo vive todos los días, está rebasado: las soluciones necesarias no están a su alcance.
Además de económico, este ya es un tema de gobernabilidad. Porque cuando lo ilegal se vuelve costumbre, cuando la autoridad se ausenta y la informalidad domina, lo que está en juego no es solo una industria… es la capacidad del Estado de hacer valer la ley.
Y aunque desde la Federación insistan en verlo como un problema local, no lo es. Los principales clientes del zapato pirata no están en territorio guanajuatense. Están en mercados como Tepito, en la Ciudad de México, donde cada semana se distribuyen miles de pares que llegan desde San Francisco. Ese mercado final está protegido por redes de corrupción que atraviesan carreteras, delegaciones, estructuras criminales e incluso autoridades. La piratería de calzado es solo la primera pieza de un engranaje mucho más grande.
La solución no puede seguir siendo solo decomisos ni operativos aislados. Se requiere transformar la realidad desde la raíz: atraer empresas serias —nacionales o internacionales— que aprovechen la calidad de la mano de obra local, pero que también ofrezcan empleo digno, prestaciones, seguridad social y desarrollo. A cambio, encontrarán una ciudad con talento, experiencia y voluntad de trabajar.
También hay que acompañar a los talleres que hoy operan fuera de la formalidad. Muchos no eligieron esa vía por comodidad, sino porque no encontraron otra opción. Con apoyos técnicos, incentivos y reglas claras, pueden ser parte de la solución, no del problema.
Este no es un llamado a castigar, sino a actuar. Porque si seguimos tolerando la piratería como algo menor, perderemos no solo empleos formales: perderemos el control sobre el futuro de una industria clave. Y cuando eso se pierde, ninguna comunidad avanza.
San Francisco del Rincón tiene con qué. Pero ese futuro no puede construirse sobre zapatos falsos.
