Aún en ciudades con problemáticas de inseguridad y violencia, hay espacios neutrales que dan certeza y seguridad a la ciudadanía. Se trata de plazas principales, centros comerciales o zonas económicas en las que “difícilmente pasa algo”. En esta ocasión no me refiero al amplio concepto de la construcción de espacios públicos seguros para mujeres y niñas, un tema que con igual importancia, merece un texto aparte. La atención en este caso, es a la violencia que genera, principalmente la delincuencia organizada, en estos lugares en los que “antes no se atrevían”.
Hace apenas unas horas, en una exclusiva zona comercial y residencial de Zapopan, Jalisco, civiles detonaron armas largas con la supuesta intención de privar de la libertad a una persona. Pronto comenzaron a circular los videos grabados desde edificios residenciales y de oficinas, en los que era fácil escuchar detonaciones durante varios segundos y el consecuente asombro por quien se encontraba pendiente del botón de récord en su aparato electrónico. Ni qué decir del momento en el que se capta a una persona que, al parecer herida, sube en la batea de una camioneta. Ya no hay más tiempo: es momento de actuar para defender los espacios públicos de la violencia.
El homicidio de personas de origen israelí en un restaurante exclusivo en la Ciudad de México, enfrentamientos a lo largo y ancho de una ciudad el denominado “jueves negro” con un número de víctimas mortales poco difundido, el homicidio de un ex gobernador en un restaurante ubicado en un destino de playa concurrido por turistas nacionales e internacionales. Estos son tan solo algunos ejemplos de la invasión de la violencia en los espacios públicos, que para la gran mayoría eran considerados como espacios seguros.
Eventos de alto impacto o en agravio de personas de interés público, implica admitir de una vez por todas, que el costo del delito disminuye a pasos agigantados, dando lugar a la violencia y el terror cuando un delincuente decide realizar “el encargo” sin miramientos de tiempo, modo y lugar.
En Guanajuato hemos vivido hechos similares, como la quema de vehículos en autopistas federales y estatales, una estrategia propagandística que se volvió exitosa para las organizaciones criminales. ¿Cuál es la respuesta del Estado? No solo ubicar y detener a los responsables de dichos eventos, sino también agravar las conductas delictivas en el marco de su código penal y ámbito de competencia. Porque no es lo mismo una sentencia de uno a 5 años de prisión por cometer ataques a las vías de comunicación, a una pena de tres a quince años para quienes produzcan alarma, temor o terror en la población, para perturbar la paz pública y menoscabar la autoridad del Estado.
