El “Comandante Emilio”, a quien se le relaciona con diversos casos de secuestro ocurridos en los últimos 10 años, al menos en Guanajuato, fue sentenciado a 60 años de prisión.
Además de sacar de circulación a un peligroso delincuente y terrorista internacional, puede afirmarse que es un caso ejemplar, que refleja el resultado que se obtiene cuando cada una de las instituciones hace la parte que le corresponde para detectar, combatir y sancionar el delito.
El 30 de mayo de 2017, un taxista de San Miguel de Allende recibió el encargo de entregar un paquete. En el caminó detectó que una camioneta blanca lo seguía y decidió llamar a la Policía Municipal.
La instancia municipal atendió oportunamente el reporte y al tiempo que era detenido Ramón Alberto Guerra Valencia, conductor de la camioneta, se descubrió que el paquete encargado al taxista contenía el dedo de una mujer secuestrada, así como cartas escritas por la víctima y que formaban parte de las pruebas de vida en la negociación de su rescate.
El objetivo de “Ramón” al seguir el taxi, era verificar la entrega. Fue el inicio de su fin.
Cuando el próspero vendedor de bienes raíces, como era conocido “Ramón”, fue puesto a disposición de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, se abrió la caja de pandora.
La minuciosa labor para corroborar la identidad del detenido con instancias federales e internacionales, permitió conocer que se trataba de Raúl Julio Escobar Poblete, “El Comandante Emilio”, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, señalado en Chile por participar en el asesinato de un Senador en 1991 y acusado por terrorismo.
Quien en algún momento logró colarse en la comunidad sanmiguelense contaba con una Notificación Roja emitida por Interpol, lo que extendía su búsqueda a 190 países.
Labores de la Agencia de Investigación Criminal estatal y de la Fiscalía General del Estado permitieron acreditar plenamente la participación de Escobar Poblete en el secuestro de la mujer de origen extranjero, quien vivió en condiciones de cautiverio que coincidieron con las registradas en otros casos de secuestro.
Reducidos espacios confinados con madera, cautiverios de siete a 18 meses en condiciones inhumanas, alimentos esporádicos, negociaciones complejas y altas exigencias económicas como pago de rescate, fueron algunas de las concurrencias encontradas en varios casos de secuestro.
Un ciudadano que ante una situación anómala llama a la autoridad, una Policía Municipal que atiende en tiempo y forma un reporte ciudadano, una Fiscalía con altas capacidades para acreditar la participación en el delito y un Poder Judicial que resuelve con prontitud su responsabilidad constitucional de impartir justicia. Eso es, ni más ni menos, hacer lo que a cada quien le toca.
Y así es como en un plazo de dos años se logra una sentencia de 60 años de prisión y un pago de 400 mil pesos por concepto de multa para un criminal que cometió uno de los delitos más sensibles para las familias: el secuestro.
Ojalá así fuera en todo el país. Por lo pronto, así ocurre en Guanajuato.
