Cuando Javier utilizó parte de sus ahorros y se endeudó para comprar un terreno, lo eligió en un fraccionamiento poco poblado y cercano a la naturaleza. Incluso eligió el más cercano a la reserva natural con la que colindaba el prometedor desarrollo.
Parecía un buen plan: construiría la casa de su familia en una zona con aire puro, poco ruido y vecinos conocidos. Sus hijos crecerían en un lugar en donde era posible salir a caminar e incluso ejercitarse.
Y así fue durante algún tiempo.
De pronto, empezaron a ver luces a lo lejos en la zona natural protegida. Le pareció extraño, ya que por ley, no era posible vivir en esa zona. Las luces, los ruidos y la gente, se fueron acercando: “paracaidistas” habían invadido el área preservada.
Eso le preocupaba a Javier, no solo por cuestiones ambientales, sino porque pareciese como si el siguiente objetivo fuera su casa. Temía incluso por la seguridad de su familia. Sus hábitos cambiaron drásticamente: dejaron de salir a caminar, tuvieron que instalar cámaras y vivir con miedo. Acudieron a cuanta instancia se les recomendó y nada ocurrió. Le pedían “mordida” para que su caso fuera atendido, lo que reportó a la contraloría. Y nada pasó. Javier estaba solo y desesperado: endeudado con la hipoteca de su casa, pero sin poder vivir ahí. Al poco tiempo, entraron a su casa a robar; denunció, señaló y nada pasó.
En su ciudad y en su estado, no había Estado de derecho. Vivía una pesadilla.
Cuando una empresa realiza una inversión o un particular adquiere un inmueble, uno de los más altos factores que se valoran es el Estado de derecho, que significa que todas y todos cumplamos con lo que la ley dice, sin trucos, sin sorpresas, sin omisiones y sin corrupción.
La organización World Justice Project evalúa el Estado de derecho en nuestro país desde hace cuatro años. En esta medición, en la que participa la ciudadanía, pero también personal experto, Guanajuato pasó del lugar 12 en 2018 a la posición 3 en 2021.
¿Qué se evalúa? Los límites al poder gubernamental, que implica la independencia de los tres poderes, la actuación de organismos de control, sanciones al abuso del poder y elecciones apegadas a ley.
En específico, Guanajuato obtiene la posición 1 en Gobierno abierto, en cumplimiento regulatorio y en justicia civil. ¿Qué significa? Que hay espacios de participación ciudadana y transparencia, derechos de propiedad, un cumplimiento regulatorio eficaz, procedimientos administrativos eficientes, el conocimiento de las personas sobre sus derechos, asesoría legal asequible, justicia civil sin procesos burocráticos, de calidad y expedita.
Ocupa además la tercera posición nacional en límites al poder gubernamental y ausencia de corrupción. Para el caso de la justicia penal, que abarca principalmente la procuración e impartición de justicia, tiene la posición ocho.
El reto más importante se encuentra en orden y seguridad, que abarca no solo el crimen que ocurre, sino la percepción de la ciudadanía. En este rubro, Guanajuato avanzó de la posición 32 a la 23: disminuyó nueve lugares.
Tanto en lo urgente, marcado por las circunstancias nacionales de crimen organizado y alta disponibilidad de armas ilegales de fuego, como en lo importante, que son reglas del juego claras y equitativas, Guanajuato logra posiciones y avances importantes.
Si Javier hubiera vivido en Guanajuato, probablemente no estaría pasando por el difícil momento que hoy enfrenta. Y eso es justamente lo que saben las empresas guanajuatenses y extranjeras, que siguen invirtiendo en Guanajuato.
Por más que alguien quiera ver que llueve sobre mojado, el cielo es azul, claro y transparente.
Sophia Huett
