Luego de acreditarse su responsabilidad en el homicidio doloso consumado en agravio de un policía federal ministerial, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, en junio del 2018 un hombre fue sentenciado por juez federal a 15 años de prisión y el pago de un millón 300 mil pesos como concepto de reparación del daño.
Resalto: 15 años de cárcel al homicida de un policía.
Otro caso: tras siete años de litigio, una juez federal dictó una sentencia de 34 años de cárcel y el pago de un millón 810 mil pesos como reparación del daño a 12 policías federales, imputados por homicidio en grado de tentativa.
El evento ocurrió el 24 de agosto de 2012 en Morelos.
De acuerdo a un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el contexto de los hechos, alrededor de las 8:00 de la mañana de aquel día, un vehículo diplomático de la Embajada de Estados Unidos recibió múltiples impactos de arma de fuego por parte de personal de Policía Federal que realizaba labores de persecución del delito.
La postura oficial señalaba que el evento ocurrió en un camino de terracería, cuando la camioneta en la que viajaban dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y dos marinos mexicanos, se encontraron con otro vehículo de Policía Federal.
El resto del malentendido es historia. El hecho concluyó con el propio traslado por parte de los policías federales a los diplomáticos a un hospital local para atender heridas que no ponían en riesgo su vida.
Los policías investigadores contaban con información de que en una camioneta negra se trasladaba a una víctima de secuestro, lo que expusieron como motivo de su actuar.
En seguimiento al caso, la sentencia fue apelada. Se narra que hay irregularidades como que los policías federales fueron declarados sin presencia de su abogado y que los agentes norteamericanos nunca rindieron su declaración.
Resalto de nuevo: 34 años de cárcel para policías por tentativa de homicidio.
Independientemente de que se haya tratado de un error o una actuación dolosa (que no hay elementos para creerlo), ¿de verdad en México se dan sanciones más duras a policías que a delincuentes que terminan con la vida de policías?
La semana pasada, en un caso bien conocido por la opinión pública, un funcionario calificó de “fifís” a policías federales que se quejaron de las condiciones de “hospedaje” en las que fueron desplegados.
Estamos hablando de policías uniformados y equipados, que en el mejor de los casos tendrán que pasar alrededor de ocho horas de pie esperando a que nada suceda. En el peor de los escenarios, son policías que deberán de contener cuerpo a cuerpo a quien ose pisar con su planta el suelo de México sin el trámite migratorio correspondiente; y deberá hacerlo sin tocar con el pétalo de una rosa los derechos humanos de los migrantes, de quienes tendrán que aguantar jaloneos e incluso pedradas como ya ocurrió en ocasiones anteriores.
Se trata de los mismos policías federales que vivieron durante meses en cuarteles móviles de la Institución en las cercanías de la Autopista del Sol en Guerrero, pendientes de evitar cualquier bloqueo. Su capacidad de diálogo y resolución de conflictos dio ejemplo a funcionarios civiles, que desde otra dependencia debieron actuar políticamente para que el conflicto no estallara. No lo hicieron, pero ahí estuvo la PF para dar la cara.
Oaxaca y Chiapas con los conflictos magisteriales… la frontera sur y la caravana masiva de migrantes que a más de uno sorprendieron sus imágenes en noviembre pasado.
Y ahí estuvieron.
Son los mismos policías federales que capacitaron a las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, dada su tradición en la atención exitosa a este delito y quienes, cuando hay un error, reciben una condena aún más dura que a la de cualquier criminal.
¿De verdad?
