Tenía 45 años, experiencia en operaciones especiales, mirada firme y pasos silenciosos. Así lo describieron los vecinos del pequeño cuarto que rentaba en Michoacán. “Le decíamos el capitán, pero nadie sabía su nombre completo”, contó una mujer que aún recuerda el saludo respetuoso con el que se cruzaban cada mañana. No sabían que aquel hombre, con más de dos décadas en el Ejército de Colombia, no vino a México a buscar refugio, sino a cumplir una misión: entrenar y dirigir un ataque con explosivos para un cártel local. La operación terminó con la vida de ocho integrantes de la Guardia Nacional.
Esa escena, que parece sacada de una novela sobre mercenarios, ocurrió hace unos días en nuestro país. Y no es un caso aislado. En Guanajuato, particularmente en Celaya, han sido abatidos alrededor de siete ciudadanos de nacionalidad Colombiana entre 2022 y 2024, todos vinculados con grupos criminales. La constante: exmilitares contratados por cárteles para profesionalizar el sicariato, fabricar explosivos o capacitar nuevos comandos.
¿Cómo llegamos a esto?
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro reconoció lo impensable: “Colombia no puede convertirse en exportadora de sicarios”. Pero lo cierto es que ya lo es. Lo ha sido desde que su sistema de retiro militar comenzó a expulsar soldados con entrenamiento de guerra, pero sin oportunidades civiles.
En Colombia, un soldado o suboficial puede retirarse con una pensión tras 18 a 20 años de servicio, lo que significa que muchos exmilitares quedan fuera del Ejército a los 38 o 40 años de edad, en la mitad de su vida laboral, con una pensión que oscila entre el 50% y el 75% de su último sueldo. En pesos mexicanos, esto equivale a $9,000 a $16,000 mensuales, dependiendo del rango alcanzado. No es raro que un teniente coronel o mayor retirado apenas supere los $25,000 mensuales en su pensión.
Para quienes cargan con heridas visibles y otras invisibles, para quienes combatieron en selvas o en zonas rojas, la vida civil no trae honra ni estabilidad. Por eso, cuando un grupo criminal mexicano les ofrece $40,000 a $60,000 pesos mensuales, más respeto y un “rol operativo”, la decisión se vuelve peligrosa pero comprensible.
En Michoacán fue el Cártel de Los Reyes. En Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima replicó el modelo, contratando extranjeros para formar comandos de ataque. No son simples sicarios: son instructores, expertos en explosivos, y veteranos que conocen el combate real. Se integran a la estructura criminal como fuerza élite, difícil de detectar, letal al actuar.
Esto expone una verdad que ya no podemos ignorar: el crimen organizado no solo recluta jóvenes sin opciones en colonias marginadas. También ficha exmilitares desempleados en países donde la guerra los entrenó, pero la paz los abandonó. Lo hace con redes transnacionales, promesas falsas y pagos que superan cualquier pensión pública.
México debe responder con inteligencia internacional, cooperación y estrategia. Colombia, con una verdadera política de reintegración para quienes cumplieron su servicio. No basta con jubilar soldados: hay que darles una vida posible después del uniforme.
Porque hoy, mientras nuestras policías enfrentan amenazas internas, las balas pueden venir también de quienes un día juraron defender otro país… y que ahora luchan en guerras que no son suyas, pero tampoco nuestras. Son de nadie. Y por eso, son de todos.
