A estas alturas de mi trayectoria profesional, he aplicado en varias ocasiones exámenes de control y confianza, el último de ellos a finales del año pasado.
En cada ocasión, se me realizaron exámenes de sangre y orina (a puerta cerrada y con el pudor afuera), lo que permitió descartar el consumo de alguna sustancia ilegal. Se me realizan pruebas sobre mi capacidad psicológica y habilidades para el adecuado manejo de situaciones relativas al encargo y perfil, además de que se reunió información (incluyendo examen del polígrafo) para comprobar que no contaba con asociación o relación alguna con grupos o personajes delictivos.
De igual forma debí explicar el origen y destino de cada peso de mis cuentas bancarias, la adquisición de mi patrimonio, adicional al buró de crédito y las investigaciones que el propio evaluador realiza. También debí presentar una evaluación médica, que incluía desde exámenes de la vista hasta la justificación médica del consumo de cualquier medicamento.
Si hubiese estado relacionada con algún proceso judicial o administrativo, tendría que haber presentado la documentación legal al respecto, contestar las preguntas que se realizaran y esperar por su determinación si ello tendría alguna repercusión en el desempeño de mis funciones.
De hecho, como punto de partida para las evaluaciones, no debo contar con antecedentes penales.
Y el tema no termina cuando se entrega un resultado de “aprobada”, pues sé que mi actuar debe mantenerse como intachable, a fin mantener esa categoría en mis siguientes evaluaciones.
Es un proceso que no es cómodo o incluso agradable, pero que es necesario.
Presentar y aprobar exámenes de confianza permite acreditar que la persona tiene un patrimonio lícito, que es confiable en el uso de la información confidencial o privilegiada sin buscar un beneficio personal, que no hay consumo de drogas, que no hay compromisos con delincuentes, así como que en términos psicológicos y emocionales, existe la capacidad requerida para el servicio público.
¿No es eso lo que deseamos de nuestros futuros gobernantes y representantes? ¿No quisiéramos que personajes corruptos quedaran descartados desde un principio? ¿No quisiéramos que quien desea obtener un cargo de elección popular, manejar recursos públicos o participar en cambios legislativos, tomara sus decisiones a favor del bien común y no de unos cuantos?
Un alcalde o alcaldesa, así como gobernadores y gobernadoras, además, toman decisiones en materia de seguridad, con ejemplos funestos de colusión que, de haberse prevenido, evitarían fatídicas historias de dolor y muerte.
Para una o un candidato que enfrenta acusaciones que atribuye a la “guerra sucia”, como por ejemplo de violación sexual, aprobar un examen de control y confianza pudiera representar una opción objetiva que permita demostrar que legalmente, pero también psicológicamente no hubo tal conducta, que no existe la tendencia para ello, así como que no hubo manipulación de proceso alguno.
Ojalá, en un futuro no muy lejano se les pida lo mismo que se nos exige a las y los policías, porque después de todo, además de ser nuestros mandos, son quienes toman decisiones sobre el rumbo de las instituciones de seguridad y su operación. Sin mencionar, que se fortalecería la confianza ciudadana y el concepto de “política”.
Nota: Antes de que alguien se pierda en el fondo de este artículo y empiecen las disertaciones sobre la efectividad de los exámenes de control de confianza, derivado de aquellos casos que aún tras aprobarlos, servidores públicos han incurrido en conductas delictivas, debe decirse que al día de hoy es el mejor instrumento conocido, así como que no es infalible a la naturaleza humana, que en ocasiones encuentra motivaciones para corromperse.
