A nueve días de que se registró lo considerado hasta este momento el hecho más violento en Guanajuato, la ejecución de 15 personas en un bar de Salamanca las autoridades han informado a cuenta gotas de lo ocurrido.
De manera oficial no se informó la identidad de esas 15 personas. Sólo el Colegio de Abogados informó que una de las víctimas era un joven abogado.
Obviamente de inmediato, la alcaldesa Beatriz Hernández de inmediato se lavó las manos y responsabilizó al Estado directamente, primero porque el mando único no depende de ella sino de la Secretaría de Seguridad Pública y dos ahora las investigaciones están en la cancha de la Fiscalía General.
Sumando que se fue a nivel federal a solicitar apoyo a la Marina. Total es del mismo partido del Presidente y oposición en Guanajuato.
Y tiene razón. Nada más que se le olvidó que en el intento del Estado por atender el tema, por ley se creó la comisión de secretarios de Seguridad Pública en la cuál el objetivo es atender estos temas y por cierto en la primer sesión Salamanca no estuvo presente.
No acudió ella, ni Amadeo Valladares Álvarez al cual presentó en octubre del año pasado como coordinador de Seguridad Pública y a 5 meses de darlo a conocer en ese cargo no ha acreditado la presentación de las pruebas de control de confianza, por lo cual no puede sentarse a esa mesa de seguridad.
Comisión que preside el secretario Álvar Cabeza de Vaca de acuerdo a la ley que presentó el Gobernador y que al día de hoy se resiste a dar entrevistas y atender el tema.
Ahora bien, no es la primera vez que en Guanajuato ocurren hechos violentos y que ahora la Fiscalía General emita una postura casi 24 horas después.
En enero del 2017, un hecho sacudió a San Miguel de Allende la muerte de tres menores, luego de un operativo hecho por el estado en una finca en Lomas de San José. Casi 24 horas se emitió un comunicado. Un caso cerrado que sigue generando dudas de lo que realmente ocurrió.
En el reciente caso de Salamanca, sólo se emitió un comunicado de manera oficial y la información se ha ido dando a cuenta gotas.
Que si un grupo delictivo es el responsable, que si entre las víctimas había o no personas del crimen organizado, que sí las víctimas eran profesionistas o empleados de una para estatal.
Hoy lo que queda claro es que el Municipio ha sido omiso ante este hecho, el trabajo de la Fiscalía ha sido impreciso. Las víctimas de los hechos vuelven a ser criminalizadas por las posturas políticas del Estado y municipio.
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