“Si yo fuera López Obrador, dijera: todos los pobres que no tienen para comer, tienen derecho a los billetes falsos. No tendría nada de malo, ¿no? al final de cuenta los hacen en unas máquinas los billetes”. Esa ocurrencia es autoría del boxeador Julio César Chávez junior, quien probablemente en su falta de preparación o afectado su sentido común por alguna circunstancia, lo dijo hace casi dos años.
En efecto, la pobreza ha crecido en México según el Coneval, que en septiembre de 2022 reportó una subida de 11.4% en el ámbito rural y 10.1% en el urbano, ante una la inflación acumulada en 2022 de 7,7%.
De alguna manera la brillante propuesta del joven sinaloense pudo haber sido escuchada, pues el gobierno federal, con varita mágica, decretó un aumento al salario mínimo de 20% a partir del próximo año. La medida se llevó el aplausómetro, por supuesto.
Sin embargo no se requiere ser economista para darse cuenta que, en los hechos, ese será “dinero falso”, pues inflará el gasto del gobierno, y la clase empresarial -presionada aún más en la recuperación pospandémica que no termina de llegar- se verá orillada a encarecer sus productos para poder cubrir salarios. Eso, a reserva de que haga sus cuentas y por su subsistencia decida recurrir a los despidos. Y listo, el dinero falso se esfumará.
La ilusión generada por el cálculo político se incrementará cuando los trabajadores comiencen a recibir el dinerito ganado a pulso, pero va a desvanecerse muy pronto al pagar sus deudas contraídas en “Veces el Salario Mínimo” y al enfrentar los gastos cotidianos con nuevos precios que desde hace mucho se le han salido de las manos al gobierno, al que lo único que le queda es quejarse en las mañaneras por lo caras que están las papas fritas y refrescos en los oxxos.
¿Quiere en verdad ayudar a la economía popular? Bien podría empezar por contener la inseguridad, que le cuesta varios miles de pesos cada año a los más pobres al perder sus escasos bienes a manos de los ladrones.
También sería bueno eficientar los servicios de salud, pues ante el infierno de esperar una cita en las instancias oficiales, la gente termina pagando consultorios particulares y medicinas por su cuenta, en un acto prácticamente de sobrevivencia.
Tampoco le parece sensato obligar a los particulares y al propio gobierno para dar un mejor servicio y contener las tarifas del transporte público, al que los trabajadores destinan una parte sustancial de sus sueldos.
Pero no, seguramente esas y otras medidas no son tan lucidoras ni fáciles como echar a andar la maquinita de los billetes… sobre todo en año electoral. Será otro show triunfal del gran ilusionista de palacio nacional.
Sergio Villafuerte
