La divulgación de las grabaciones del fiscal Gertz revela problemas serios: vulneración de la seguridad de las comunicaciones, abuso de autoridad y presunta injerencia indebida en el ánimo de algunos ministros de la Suprema Corte. Más importante, el episodio exhibe la crisis de la procuración de justicia.
El problema no se gestó ayer. Llevamos décadas intentando corregir la deriva en la que se encuentra una de las instituciones más poderosas del Estado. Hemos fracasado estrepitosamente.
En 2008, la reforma al sistema de justicia penal buscó modificarlo estructuralmente. Implicaba, entre otras muchas acciones, una reestructuración completa de la organización y funcionamiento de las entonces procuradurías. Los cambios se concentraron en policías y jueces. El ministerio público fue olvidado.
Como resultado de las negociaciones del Pacto por México, en 2014 se creó la nueva fiscalía general. La racionalidad de esta reforma fue más política que funcional, y no se consideró que se trasladaba un enorme poder a un órgano autónomo que requería de una refundación con contrapesos institucionales robustos.
Después de esa reforma tuvimos un largo impasse lleno de turbulencias. El Congreso no expidió la nueva ley orgánica. Y por ello no se podía designar al fiscal general. Fue hasta 2017 que, por iniciativa del entonces procurador Raúl Cervantes, se desarrolló la consulta para un nuevo modelo de procuración de justicia (bit.ly/3wpX7zB). En ese ejercicio se esbozaron los consensos básicos para diseñar las nuevas fiscalías.
Luego de la victoria del presidente López Obrador se reactivó la negociación de la ley orgánica. Se escuchó a la academia y a la sociedad civil. El resultado fue híbrido. Aunque se avanzó en muchos frentes, en otros prevaleció una fuerte resistencia al cambio.
La designación de Gertz marcó el inicio de un claro retroceso. El proceso de transición se detuvo y se diseñó otra ley orgánica que respondía a la visión del fiscal, prácticamente sin contrapesos, misma que fue aprobada sin chistar por el Congreso en 2021. En esa ley, los avances se diluyeron o desaparecieron.
Hoy, los rezagos institucionales se multiplican. No hay una definición clara de los objetivos prioritarios, no se ha presentado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia y no se ha expedido el estatuto orgánico ni el estatuto del servicio profesional de carrera. Hay opacidad y discrecionalidad en los procesos de contratación y destitución, se desechó en la práctica el nuevo modelo de investigación, el Consejo Ciudadano no se ha integrado, existen dudas fundadas sobre la independencia e imparcialidad del fiscal general y un largo etcétera. Salvo contadas excepciones, la historia se repite en las entidades federativas.
En medio de estas ruinas, ¿de verdad nos sorprende la espiral de violencia y los índices de impunidad de 95 por ciento?
Sergio López Ayllón*
*Investigador del CIDE
