Un presidente que fustiga en sus conferencias de prensa a medios y periodistas, pero que se duele después de haber sido “censurado” por las plataformas que cancelaron sus cuentas. Noticias falsas que proliferan en internet; ataques concertados contra personas por sus opiniones; redes sociales que se usan para incidir en resultados electorales. Estos hechos, y muchos otros, han vuelto a traer a la mesa el debate sobre la libertad de expresión.
En su expresión más acabada, la libertad de expresión comprende el derecho de toda persona de pensar, recibir y comunicar todo tipo de ideas e informaciones por cualquier medio. Tiene algunos límites específicos (entre otros la incitación a la violencia, la discriminación o los derechos de los demás) y no admite los controles previos.
Existen cuatro grandes razones que justifican esta libertad: 1) es una condición que permite la autodefinición, el desarrollo personal y el ejercicio de otros derechos; 2) permite encontrar la “verdad” a partir del debate plural; 3) tiene una relación estructural con el sistema democrático y el buen gobierno; y 4) permite la diversidad y la tolerancia. Cada una de estas razones tiene un largo caudal de argumentos filosóficos, legales e históricos.
Dicho lo anterior el asunto puede parecer sencillo. Pero la libertad de expresión nunca ha tenido una vida pacífica, al menos por dos razones. Primero, porque se ha construido a contrapelo de los poderes, tanto formales como fácticos. Y, segundo, porque su construcción ha estado determinada por el impacto de las tecnologías de la comunicación y la información, desde los tiempos de la imprenta y hasta la era del internet.
La revolución digital de las últimas décadas ha creado nuevas condiciones estructurales que ponen en jaque la manera en la que entendíamos esta libertad. En efecto, la regulación del internet y las redes sociales no cabe en las coordenadas espacio-temporales del Estado-nación y debe enfrentar un espacio global que funciona todo el tiempo. Las plataformas son “nuevos” agentes en el mercado que, en rigor, no son productoras ni editoras de información, pero que tienen la capacidad de incidir en los enormes flujos de información que transitan por ellas. Y finalmente, la información se genera de manera descentralizada por múltiples partes interesadas que operan de manera simultánea.
Los Estados nacionales han comenzado —tardía y torpemente— a reaccionar frente a estas nuevas realidades. Existen varios modelos regulatorios que suponen balances diversos entre objetivos y derechos en conflicto. Ninguno es satisfactorio y aún se encuentran a prueba.
El senador Monreal ha anunciado su intención de regular las redes sociales. Vaya reto. Ojalá estemos conscientes de la complejidad de la tarea. Sobre esto volveremos.
* Director e Investigador del CIDE
