El paro de maestros en Tamaulipas ha llegado a niveles verdaderamente complejos y, al menos en la narrativa, el tema central para encontrar una solución pasa por la destitución de la titular de la Secretaría de Educación.
Entiendo perfectamente la posición del gobierno de no ceder en algo que, por ley, forma parte de sus facultades. Pero un conflicto entre políticos lo volvieron un problema social.
Los errores, además, le han quitado al gobierno las herramientas para comunicarle a la sociedad que, de verdad, primero piensan en las niñas, niños y jóvenes tamaulipecos.
La declaración de la secretaria de Educación señalando que permanecería en el cargo hasta que el gobernador lo determinara, le transfirió toda la responsabilidad al titular del Ejecutivo desde el primer momento.
¿Por qué no iniciar con una declaración moderada señalando que, antes que cualquier persona, están la educación, los estudiantes y los maestros y que eso estaría siempre al centro del actuar del gobierno?
Días después, insinuar que estaba en riesgo el pago de los docentes se leyó como una amenaza que avivó el fuego.
La Secretaría General de Gobierno, en su oportunidad de intervenir, tampoco lo hizo bien. El posicionamiento del secretario aportó muy poco y, eso, dijo mucho.
Tendría que entrar el titular del Ejecutivo quien manifestó: “los que no quieren regresar a las aulas, están bailando en Tamatán”, en un video en sus redes sociales para posteriormente arribar al plantón magisterial, sin mayor éxito.
El mensaje fue durísimo. Si el titular del Ejecutivo no pudo avanzar en las negociaciones, ¿entonces quién? Nadie imaginó que, a unas horas de su primer Grito de Independencia, el panorama estaría así.
Entiendo el argumento de que hay intereses oscuros, y que quizá la apuesta es que la presión de los padres de familia y los errores en la protesta pudieran cambiar la percepción social, pero el costo está siendo muy alto.
Y no hablo del gobernador, ni de su partido, ni de la crisis del gobierno, ni de Arnulfo Rodríguez o el sindicato; hablo de que no es bueno para el estado: ni un gobierno que luzca así, ni hacer a los maestros enemigos de la sociedad.
Ningún tema político o administrativo debería tener este costo para los estudiantes y sus familias. Es tiempo de que tomen decisiones el gobierno y el sindicato, y de demostrar a quién sí le preocupa la educación por encima de la política.
