Pensión para el Bienestar es el programa más importante que dejará este gobierno. Para 2024, el incremento presupuestal de este programa será de alrededor de un 30%, hablamos de más de 465 mil millones de pesos para un solo programa.
Para dimensionar el tamaño presupuestal de este programa basta mencionar que es tres veces lo que tendrá el programa IMSS Bienestar el próximo año, a pesar de que es una de las soluciones con las que se trata de cubrir el desastre que ha sido la atención de la salud tras la desaparición del Seguro Popular.
Pensión para el Bienestar beneficia a 11.4 millones de personas con apoyos directos y con una característica poco común en los programas en México: es universal.
Es decir, mujeres y hombres de 65 años reciben este apoyo sin importar su condición económica o cualquier otra particularidad, todas y todos los mexicanos mayores de esa edad pueden acceder a 4,800 pesos bimestrales con unos
cuantos requisitos como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, entre otros.
Es un éxito, y el éxito es en buena medida por esta universalidad. Hay quienes plantean que tendría mayor sentido de responsabilidad destinar estos recursos o más de manera más focalizada a quienes más lo necesitan, pero el gran problema de este planteamiento es la decepción que existe respecto de los aparatos gubernamentales.
Cuando se trata de seleccionar a los beneficiarios de un programa las personas no confían en el ejercicio de selección porque históricamente han sido procesos oscuros, donde luego salen a la luz casos donde los beneficiados correspondieron
más a favores políticos que a los criterios con los que se pensaron los programas.
El amiguismo y el influyentismo han sido en buena medida el sello de los programas en administraciones de todos los colores.
La universalidad ha llegado para quedarse y, aunque no es una respuesta para todas las necesidades, seguirá avanzando y quizá algún día veamos un seguro de desempleo, o incluso un
ingreso garantizado por el hecho de ser mexicanos.
Este programa además viene a dar justicia social a un esquema de pensiones que no alcanza para cubrir las necesidades de los adultos mayores, quienes a veces siguen siendo responsables de los ingresos de algunos de los integrantes de la familia o de todo el hogar.
Tomarlo con mayor seriedad demanda dos cosas: saber cuánto de estos apoyos va a medicinas y consultas por las fallas en el sistema de salud, y hacer crecer la economía para poder mantener y crecer este nivel de apoyos.
