El promedio de escolaridad en México apenas supera los nueve años, lo que equivale a la educación secundaria terminada (Inegi, 2015). Por entidad federativa el promedio varía de manera importante. Mientras que, en la Ciudad de México, el promedio de escolaridad es de 11 años, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz no alcanzan los ocho años promedio de estudio.
Cuando hablamos de asistencia y deserción, los números también son alarmantes. Mientras que el 96% de los niños de seis a 14 años asiste a la escuela, este porcentaje se derrumba a sólo un 44% al considerar a los jóvenes de 15 a 24 años. Solo cuatro de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años asiste a un centro educativo.
Van más de seis meses desde que se suspendieron las clases por la pandemia, y salvo por el estado de Campeche que es el primero en entrar en fase del semáforo epidemiológico verde, en la mayoría de las entidades federativas se ve complicado que esto ocurra en lo que queda de 2020.
Podríamos fácilmente alcanzar 11 o 12 meses de suspensión de clases presenciales. Un año sin clases presenciales para la mayoría de mexicanos que estudia durante su vida nueve años, es un 10% menos de formación.
La pandemia ha venido a acrecentar las desigualdades en todos los sentidos. Mientras que muchos pueden trabajar desde sus casas y seguir produciendo a través de una computadora, hay otros como los comerciantes y prestadores de servicios turísticos que, o aún no pueden reintegrarse a sus actividades económicas, o ya lo hicieron pero con un panorama todavía muy triste.
Al tiempo que algunos pueden seguir estudiando en horarios similares a los presenciales y con una atención personalizada, millones y millones de mexicanos no cuentan con una computadora o tablet y carecen de internet. Si antes de la pandemia la educación de calidad ya era un tema reservado a unos cuantos, ahora la diferencia es abismal; simple y sencillamente hay quienes siguen aprendiendo y formándose, y otros totalmente rezagados.
Después de este paro, la deserción se vuelve un tema de país. La situación económica ya obliga u obligará a que millones de jóvenes salgan a buscar recursos para apoyar a su familia, ¿y la escuela? Para contener la ampliación de esta brecha, urgen políticas públicas porque el problema hoy es económico y de salud; puede volverse social.
