El debate de la tragedia de Tlahuelilpan surge a partir de la explosión que hubo en una toma clandestina de combustible en el municipio del mismo nombre. Día a día le restan importancia en todos los niveles ya sea intelectual, periodístico, luchadores sociales e incluso por parte de los políticos y los gobernantes.
Se siguen generando cuestionamientos por parte de las familias de las víctimas y pocas respuestas por parte de las autoridades competentes, salvo una declaración que manifestó el Procurador de Hidalgo, Raúl Arroyo, al señalar que siguen colaborando con la Fiscalía de la República (FGR) por lo que aseguró que ninguna carpeta de investigación ha sido cerrada, dando esperanza de poder fincar responsabilidad y no permanecer en la impunidad.
Por otra parte, los familiares de las víctimas no están conformes con las versiones por parte de las autoridades federales, que surgen de las primeras investigaciones a su cargo, donde señalaban que los motivos pueden ser por cigarrillos encendidos, ropa sintética que generó reacciones eléctricas o por la manipulación de la válvula, lo cual no coincide con lo que manifestó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero que en el ducto había gasolina de alto octanaje y eso generó gases letales. Más allá de los protocolos, la ciudadanía acusó a las autoridades federales dado que la explosión es producto de un acto de negligencia, aunado a la mala estrategia del desabasto de gasolina; por ello, no sólo las familias de las víctimas sino que todos los hidalguenses exigen que la impunidad no impere en este caso; porque lo cierto, es que todo el esfuerzo tanto del Procurador del Estado como del Gobernador, pueden perder todo lo que se ha logrado, hasta de ser acusados cómo servidores públicos involucrados en casos de impunidad.
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