Mientras en los 124 Ayuntamientos de Jalisco corre la reforma constitucional en materia de transparencia, el Ejecutivo estatal sorprendió enviando una iniciativa de nueva Ley de Transparencia al Congreso local, en básica congruencia con la reforma constitucional. La ley secundaria será clave para la garantía y ejercicio libre, sin trabas, del derecho de acceso a la información, aunque no la única: el marco jurídico e institucional que se desarrolle será el foco de atención para constituir gobiernos abiertos, transparentes; o bien, cerrados y opacos.
¿En qué fijar la atención, y el Congreso, qué atender? Aquí algunas consideraciones. No las únicas.
Si bien el Congreso local, que no avaló (no se pronunció ni a favor ni en contra) la reforma federal constitucional en su momento, ahora se plegó por el pacto federal. La reforma constitucional, base para el andamiaje que ahora se construirá, dejó de manifiesto que Jalisco en los hechos renunció a su historia en esta materia. Sencillamente centró su atención en la coyuntura. Reformó su Constitución para desaparecer el órgano garante (ITEI) sin el más mínimo diagnóstico del mismo, y peor aún, un diagnóstico sobre cómo hoy se genera, difunde y consume información.
La falta de un diagnóstico llevó a que en la Constitución se ratificara la violación a la autonomía municipal establecida desde la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Por sus prisas, por decir lo menos, franco desconocimiento o intención deliberada de sometimiento, al ratificarse que la Contraloría del Estado, ente del Poder Ejecutivo, será quien conozca y resuelva quejas y recursos en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los Ayuntamientos, queda como un órgano intermedio, contraviniendo el 115 de la Constitución federal, y que en 2005 fue motivo para que el Ayuntamiento de Guadalajara impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la entonces creación del ITEI.
¿El Congreso del Estado consideró un diagnóstico y al menos tomó el parecer de los que ahora serán autoridades garantes en esta materia? ¿Qué dicen al respecto el Poder Judicial, los órganos autónomos existentes (IEPC, CEDHJ, el Tribunal Electoral)?, ¿el Tribunal de Arbitraje y Escalafón?, ¿El propio Poder Legislativo? ¿Se consideró el impacto presupuestal y administrativo que tendrá en cada uno y su conjunto? En esto, el caldo, considero, será más caro que las albóndigas, a pesar de que el “espíritu” de este modelo de acceso a la información y protección de datos personales se haya promocionado y justificado como una medida de ahorro para el erario. Y suponiendo que sí lo sea, ¿por qué no lo argumentaron y demostraron en las iniciativas y dictamen aprobado?
En la confección de la ley secundaria de transparencia, el Congreso de Jalisco podrá responder, por lo pronto, a esto. Espero.
