El pasado 22 de noviembre, el titular del Ejecutivo federal, con la participación de 18 titulares de Estado publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo (administrativo) mediante el cual suspende y posterga indefinidamente durante su gestión todo requisito, proceso legal y administrativo para la realización de obras públicas y proyectos con la finalidad de se realicen con prontitud; aunado a ello, los “declara” y encuadra sin fundamento alguno como de “seguridad nacional”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) alertó sobre lo que dicho Acuerdo, con carácter de decreto, tiene para la vida pública, la legalidad, el ejercicio del derecho fundamental del derecho a la información, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción , y propone vías de salida, como que el Ejecutivo lo anule y en particular, si requiere ser más eficiente, defina y desarrolle una Estrategia Digital Nacional como política pública para la modernización y digitalización de la Administración Pública Federal a través de la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La fundamentación y motivación formal del Acuerdo no encuadra ni da pie a sostenerlo, ni forzadamente o con maromas legales; además, tratándose de un derecho fundamental como el derecho a la información encuadrándolo en “seguridad nacional”, es transgresión flagrante al artículo 29 Constitucional, además de otras normas secundarias y reglamentarias como la de Transparencia y Seguridad Nacional.
En sus conferencias mañaneras siguientes al 22 de noviembre, el Ejecutivo federal ha expuesto otras motivaciones, por ejemplo, evitar amparos de “adversarios” que detengan sus obras. Si los proyectos y obras se hicieran bien, los amparos no prosperarían, dicta la lógica coherente. Pero ¿por qué no expuso las motivaciones mañaneras en el Acuerdo?
Si “el Estado, soy yo” (L'État, c'estmoi) no lo dijo el joven Luis LIV de Francia, bien pudo haberlo dicho por su actuar y estilo personal absolutista sobre el Parlamento, el pueblo y las leyes, alimentado por necesidades económicas que subsanaran las finanzas del reino maltrechas por guerras. Decretos en su reinado son evidencia.
¿Qué sigue en este tramo final de la Administración federal? ¿Una narrativa del ejercicio del poder personalísimo, no democrático, como “aprés moi, le déluge” (“Después de mí, ¿el diluvio?”)?
Rubén Alonso
Twitter: @jrubenalonsog
