La integración de órganos públicos de Estado, es decir, aquellos donde se ejercen funciones públicas, están en un punto de inflexión que requieren ser abordados recuperando críticamente el camino recorrido para responder a necesidades que resultan apremiantes hoy y con vistas a futuros próximos, pues de por medio está la calidad y legitimidad de su integración con vistas a responder a los fines y naturaleza especifica de cada órgano.
Los próximos 18 y 19 de abril, en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, a iniciativa y conducción del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CC ITEI), se realizará el Foro “Democratizar las designaciones públicas, el caso de la presidencia del ITEI”. El objetivo es, mediante un diálogo y reflexión colectiva,cómo democratizar las designaciones públicas.
El contexto especifico es la situación anómala en que transita durante más de un año la reciente renovación de la Presidencia del ITEI, organismo autónomo constitucional responsable de promoción y garantía del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y que a la fecha está forzada legalmente y con relativa incertidumbre operando, poniendo con ello en vulnerabilidad la garantía y ejercicio de dichos derechos. Aunado a ello, la incertidumbre y vulnerabilidad de las y los profesionales que integran el ITEI, capital sustancial del organismo.
A la primera, más allá del caso del ITEI, es un asunto de mayor calado: las designaciones públicas, agenda pendiente a resolver no sólo en Jalisco, sino en el país, en ese proceso inacabado de democracia, que hunde sus raíces y cobra su sentido primigenio en que la soberanía “reside esencial y originalmente en el pueblo”.
A partir de los años 90 del siglo pasado, desde los poderes públicos comenzó a otorgarse autonomía constitucional a organismos que cumplen tareas sustantivas y especializadas. Nuestro modelo de Estado comenzó un proceso de reconfiguración por distintas causas y motivaciones en cada uno. Sea por eficiencia, por ofrecer garantías de confianza, sea por un espíritu de mayor participación ciudadana en la conducción de funciones de Estado, vimos nacer con autonomía constitucional al Banxico (1993); el IFE, hoyINE (1996); la CNDH (1999), el INEGI (2006), la Cofece y el IFT (2013), el INAI y Coneval (2014) y la FGR (2018).
Como órganos constitucionales autónomos, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sus características esenciales estriban en que deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
En las entidades de la federación se replican órganos constitucionales autónomos locales en materia de derechos humanos, elecciones y participación ciudadana, para garantizar acceso a la información y en procuración de justicia mediante fiscalías, símiles a la CNDH, INE, INAI y FGR.
La integración de sus órganos de gobierno o titularidades, según sea el caso, es variado, identificando modelos cerrados, abiertos y semiabiertos desde la sociedad (ciudadanía) sobre las propuestas de quienes puedan integrarlos; y ahora, recientemente, la incorporación de mecanismos de evaluación de perfiles, para que el Legislativo, y en algunos casos el Ejecutivo si es el que propone u observa (veta), cuente con mayores elementos para el momento de ejercer una de sus funciones sustantivas: integrar órganos de Estado.
Un elemento crítico en la integración de los órganos de estado, por su naturaleza de especialidad y autonomía frente a los poderes públicos, es librarlos y liberarlos de la lógica de negociación perversa de espacios para ellos, que coloquialmente se conoce como reparto de “cuotas y cuates”, que a la postre desnaturalizan y corrompen de origen a los propios órganos de Estado.
Si lo anterior es de por sí foco de atención, se levanta una bruma que ensombrece el panorama. Desde hace cuatro años y medio se registra la intención y tendencia a reducir, eliminar o bien acotar el modelo de organismos constitucionales autónomos. Ahí está un reto apremiante que urge atender.
Se registra una intención re concentradora en el Poder Ejecutivo de funciones especializadas que por su naturaleza requieren autonomía del poder público para responder y cumplir eficaz y eficientementea su razón de ser.En lugar de avanzar para garantizar su autonomía, vamos en ruta inversa.
Hoces blanden sobre organismos constitucionales autónomos. ¿O no?
