Al aeropuerto de Heathrow, en Londres, le hace falta una tercera pista. No es de los que más tráfico tienen en el mundo —se encontraba en la vigésima segunda posición en 2020 en lo referente al número de pasajeros, con poco más de 22 millones, justo por debajo del aeródromo Charles de Gaulle de París y, miren ustedes, un sitio arriba del actual aeropuerto de Ciudad de México—, pero es de todas maneras un importantísimo centro de conexiones.
Ocurre, sin embargo, que varias organizaciones ambientalistas se han opuesto a la ampliación del puerto aéreo y que la Corte de Apelaciones de Reino Unido, validando los argumentos de los adversarios del proyecto, determinó en febrero del año pasado que no se realizara la obra. Pues bien, la Suprema Corte revirtió, el 16 de diciembre, la decisión del mentado organismo. No está del todo claro si la construcción de la antedicha pista se llevará a cabo porque en el camino se levantan todavía algunos obstáculos legales, pero el simple hecho de que haya tenido lugar este proceso nos lleva a la constatación de que las cosas no son nada simples cuando hay leyes que respetar, demandas de ciudadanos con derechos efectivos, intereses legítimos que necesitan ser representados, compromisos contraídos y obligaciones contractuales.
¿Se puede meramente emitir un decreto para no sujetar ni subordinar la realización de obras públicas a las normas inscritas en la legislación de un país? ¿Se pueden emprender proyectos desconociendo las garantías constitucionales que otorgan a los ciudadanos la potestad de ampararse ante las acciones arbitrarias de la autoridad? ¿Se puede, de un plumazo, promulgar la secrecía en el manejo de los recursos del erario —caudales provenientes de los bolsillos de los contribuyentes, no lo olvidemos— pretextando que la celebración de concursos abiertos a los constructores entorpece la puesta en marcha de proyectos y su oportuna terminación? ¿Se puede invocar la “seguridad nacional” para no proporcionar ya información al público sobre la construcción de instalaciones civiles?
Creo que ha llegado la hora de que se expresen los juristas, señoras y señores, y de que dicten el veredicto correspondiente.
