Las fuerzas policiacas están plagadas de sujetos violentos. A los individuos más temperados de nuestra especie no les apetece demasiado ingresar a corporaciones en las que el uso de la fuerza bruta es, digamos, una de las habilidades exigidas. Más temprano que tarde, el agente se ve obligado a neutralizar a un ciudadano pendenciero o a enfrentar, de plano, a los peligrosísimos miembros de una banda criminal. Necesita, para ello, un entrenamiento previo en el que se le enseñan métodos de sometimiento, tácticas de asalto, manejo de armas de alto poder y técnicas de defensa personal. Hay que tener una vocación particular para el combate, desde luego, y el perfil requerido en los organismos encargados de la seguridad –por no hablar de las fuerzas especiales, esos comandos que realizan tareas de alto riesgo— no es, digamos, el del director de un coro de infantes ni el de un poeta sensiblero sino el de un tipo con niveles de agresividad más altos. Es parte del oficio, o sea.
Uno de los problemas que tenemos con los cuerpos policíacos de este país es, justamente, la falta de formación. Una sustancial mayoría de quienes forman parte de las policías estatales y municipales carece del entrenamiento adecuado y muchos de los agentes no dan siquiera los mínimos en lo que a la condición física se requiere; otros son descaradamente corruptos y abusivos; otros más, finalmente, son cómplices de los mismísimos delincuentes, por conveniencia propia o por estar amenazados, y representan un colosal obstáculo en el camino hacia la instauración de un verdadero Estado de derecho en México.
Ahora bien, existe igualmente el policía honrado, profesional y comprometido con su trabajo. Su figura viene siendo casi conmovedora en tanto que él mismo sabe del rechazo que su gremio despierta en buena parte de la población, que labora en condiciones muy adversas y que debe resistir las coacciones de unos superiores suyos que no son necesariamente los personajes más probos. Ese individuo, cuando toca, debe ponerse delante de los agitadores en la calle, gente que puede ser tan violenta como el más salvaje de los agentes, como acabamos de ver en las algaradas ocurridas en Guadalajara. Pero resulta, encima, que cualquier intento de preservar el orden público es equiparado, en estos pagos, a un acto de autoritaria represión. Y así, un agente que intentara aplicar las necesarias medidas de contención o ejercer una fuerza razonable para evitar destrozos, saqueos, destrucción de mobiliario urbano y pillajes sería calificado, de inmediato, como un bárbaro siendo, señoras y señores, que hasta nuevo aviso no son los vándalos quienes detentan el monopolio de la violencia legítima (es una manera de decirlo, porque lo suyo es brutalidad pura y sin legitimidad alguna aunque invoquen elevadas causas y pretexten que están participando en actos de protesta social) sino el Estado, tal y como lo puntualizó en su momento el sociólogo Max Weber (una de las víctimas, a los 56 años, de la devastadora epidemia de gripe acontecida en 1918-20, miren ustedes).
La brutalidad policiaca es absolutamente inaceptable. El salvajismo de los vándalos también.
