La actual embestida en contra del INE resulta de la tremebunda denuncia, nunca comprobada en los hechos, de que se perpetró un morrocotudo fraude en las elecciones que le dieron el triunfo a Felipe Calderón. A partir de ese gran mito fundacional se ha instrumentado, primeramente desde la antigua oposición y, trasmutada ésta en beligerante oficialismo, desde el propio poder, una suerte de suprema revancha, a cargo de los presuntos agraviados, para poner las cosas en su lugar. O sea, para quitarle atribuciones al organismo que hubiera desconocido la voluntad popular en su deleznable condición de instrumento al servicio de los “conservadores”. Y, de pasada, para controlar en el futuro los procesos electorales y que eso no vuelva a acontecer, es decir, que ya nunca ocurra la alternancia democrática gracias a la cual a este país lo han gobernado tres diferentes fuerzas políticas en los últimos años.
El hecho de que haya sido ese mismísimo INE el que, en pleno acatamiento a la legalidad, le haya reconocido sin mayores problemas el triunfo al actual presidente de la República no es un argumento que sirva para mitigar la furia de los vengadores. Se creen, antes que nada, que la trampa tuvo efectivamente lugar y, llegada la hora del desquite, no tienen reparo alguno en que se proceda a la demolición de la institucionalidad porque, justamente, no la valoraban desde el principio.
Muchos votantes republicanos en los Estados Unidos se tragan también la especie, propalada por él mismo, de que a Donald Trump le robaron las elecciones. Y las consecuencias de tamaña mentira han sido absolutamente perniciosas para la vida pública del vecino país: el asalto de una turba violenta al mismísimo Capitolio, por no hablar de las amenazas a los funcionarios encargados de validar el conteo de los sufragios, del propósito de dificultar el ejercicio del voto a las minorías que suelen apoyar al Partido Demócrata y del rediseño de los distritos electorales para inclinar la balanza en favor de los simpatizantes del antiguo primer mandatario cuando pretenda competir de nuevo en la carrera presidencial.
Aquí no hemos llegado a tanto (todavía) pero la intentona del oficialismo para dinamitar al organismo que tan ejemplarmente garantiza la certeza de los resultados de las votaciones es muy preocupante. Estamos presenciando un descomunal retroceso democrático. ¿Merecemos eso los ciudadanos de México?
Román Revueltas Retes
