El flamante presidente de los Estados Unidos, así de poderoso como parezca teniendo a una corte de fieles a su servicio en el aparato gubernamental y así de engallado como esté por haber retornado triunfalmente a la Casa Blanca, no puede ejercer a su antojo todas las posibles facultades ni decretar (o rubricar “órdenes ejecutivas”, como se dice en el habla de nuestros vecinos del norte) impunemente todas las extravagantes ocurrencias que puedan germinar en su cabecita.
No, señoras y señores, no puede. Sus potestades están acotadas y sus mandos no son absolutos. Tiene enormes dominios en sus manos —lleva las riendas de la primera potencia mundial, ni más ni menos— pero no es un mandatario omnipotente.
Ocurre, miren ustedes, que la Unión Americana es, entre otras cosas y gracias al iluminado espíritu de sus padres fundadores, una República de jueces. Es decir, un Estado en el que la letra escrita de la Constitución se respeta y se preserva íntegramente gracias a sus custodios, a saber, los miembros juramentados del Poder Judicial.
De tal manera, un juez del ámbito federal puede invocar en todo momento el texto constitucional para desestimar, y anular, cualquier iniciativa proveniente del Ejecutivo que contradiga los principios consagrados en la Carta Magna o que violente las garantías aseguradas a los ciudadanos.
La materia misma de los proyectos de ley propuestos por el Legislativo es, a su vez, objeto de escrutinio por parte de los ministros de un tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia, y estos magistrados, cuyas decisiones son inapelables y de obligado acatamiento, pueden determinar la invalidez total de una ordenanza particular por contravenir los preceptos inscritos en los más altos e incontestables estatutos de la nación.
Naturalmente, a un sujeto como Trump —de declarada propensión autoritaria y paralela disposición a la ilegalidad— la existencia misma de los jueces, los encargados directos de asegurar la preeminencia del orden constitucional y el Estado de derecho, le resulta un auténtico estorbo y, en el mundo ideal al que muy seguramente aspira, todos los poderes posibles deberían de estar concentrados en su muy augusta persona. Pero ello mismo es que los déspotas de este planeta le despiertan una natural simpatía, por no hablar de una oscura admiración.
Pues bien, ese paraíso terrenal en el que las potestades de Trump no estarían en manera alguna acotadas sí existe. Es más, se encuentra en el vecindario, cruzando nada más la frontera hacia el sur. Se llama México —o, Estados Unidos Mexicanos— y ahí ha acontecido el desmantelamiento puro y simple de todo el aparato judicial. Los jueces profesionales, sometidos anteriormente a muy severas pruebas para poder ocupar el cargo, serán sustituidos por individuos inexpertos pero, eso sí, partidarios incondicionales del oficialismo.
O sea, el sueño de Trump. Quién lo hubiera dicho…
