El descontento del pueblo cubano, luego de décadas enteras de durezas y severísimas privaciones, ha terminado por brotar a la superficie: la gente se manifiesta en las calles y se moviliza. Necesitan ser muy valientes quienes expresan públicamente su enojo porque la respuesta del régimen dictatorial es intimidatoria y brutal: los ciudadanos no disfrutan ni remotamente de las garantías aseguradas por la democracia liberal —esas mismas que nos permiten, a nosotros, ocupar plazas y avenidas, un día sí y el otro también, para protestar por lo de Ayotzinapa o para exigir el otorgamiento automático de plazas a quienes han terminado la carrera magisterial o, miren ustedes, para defender a la tiranía castrista— sino que la más tibia expresión de inconformidad es instantáneamente combatida. Los manifestantes son apaleados por brigadas al servicio del poder político o detenidos por la policía o sometidos, luego de ser encarcelados, a juicios sumarísimos, acusados delitos tremendos por el mero hecho de intentar ejercer los derechos que les son negados.
En Cuba no hay simples opositores, como en cualquier país democrático: disentir te coloca de inmediato en el campo de los enemigos y, en esa condición, te hace merecedor del catálogo de puniciones que el sistema ha fraguado en su estrategia represiva. A cualquier persona mínimamente juiciosa debiera parecerle aberrante la mera existencia de un Estado que no consiente la protesta social y que la asocia, de manera tan calculada como arbitraria, a conspiraciones urdidas en Miami. Al parecer, los ciudadanos debieran, todos ellos y sin excepción alguna, adherirse incondicionalmente al régimen. No solo eso: la absoluta fidelidad a los dogmas propalados en las tribunas del poder es la única normalidad posible y aceptable para las autoridades. Todo lo demás es subversión pura.
El estrepitoso fracaso del socialismo en la isla —a diferencia del modelo capitalista propulsado por los jerarcas del Partido Comunista en China— lo atribuyen los propagandistas del castrismo al “bloqueo” dispuesto por Estados Unidos sin explicar, así fuere de pasada, que la nación norteamericana vende 60 por ciento de los alimentos que consume el pueblo cubano y que el país comercia además con decenas de economías.
Incapaces de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, los gobernantes deben comprar comida en el exterior, pero no pueden pagarla con pesos cubanos —una divisa sin valor en los mercados— sino que deben apoquinar en dólares la carne, las frutas y las verduras que apenas logran encontrar los habitantes en los mercados oficiales. El problema es que carecen de billetes verdes: Cuba produce pocas cosas, el turismo se ha desplomado y las remesas de los emigrantes no bastan. ¿Es defendible un régimen donde no hay comida ni libertad?
