El avión presidencial no está pagado todavía. O sea, que es deuda. No es un bien libre de gravámenes, como se dice. Si llegara a venderse, lo primero que tiene que hacer el tesoro público de la nación es apoquinar lo debido y luego ya veríamos sí nos queda algo de plata a los necesitados ciudadanos de este país. No parece que vaya a alcanzar, con perdón, para la adquisición de ambulancias, para el equipamiento de hospitales, para la edificación de escuelas y para la construcción de caminos comunitarios. Hasta ahora, se han cubierto mil 833 millones de pesos, incluyendo los intereses. El vencimiento del pasivo es en 2027 y el total alcanzará 2 mil 724 millones.
Hechas estas cuentas, no va a servir de maldita cosa malbaratar el aparato a precios de saldo como tampoco ha tenido mayor utilidad, hasta ahora, llevarlo a los Estados Unidos como mercancía de segunda mano para ver si algún millonario excéntrico de allá lo quiere tener en su hangar particular y sacarlo a volar los fines de semana.
No se apareció ningún comprador, oigan, porque la gente que realmente tiene billete prefiere mandarse hacer sus Boeing a la medida, con camas King size, jacuzzis, gabinetes para los invitados, mesas de billar, sala de cine y hasta camarotes para el servicio (porque alguien tiene que servir el champán en los trayectos trasatlánticos, faltaría más).
El Dreamliner que compró el Gobierno de México en tiempos de Felipe Calderón es algo lujoso, desde luego —digo, finalmente era el avión en el que iba a viajar el jefe del Estado mexicano, fuere quien fuere, y la investidura presidencial tiene lo suyo, vaya que sí—, pero era igualmente una especie de oficina volante y había también decenas de asientos para los reporteros de la prensa y los obligados acompañantes de la comitiva.
En fin, los usos y costumbres que rigen la vida pública en las democracias avanzadas no castigan que los primeros ministros o los presidentes del Gobierno utilicen aviones para desplazarse a otros países o inclusive para acortar los tiempos en los viajes al interior de sus naciones. Es algo perfectamente normal, vamos, considerando que, como individuos muy ocupados y con enormes responsabilidades, deben rentabilizar al máximo sus horas de trabajo. Es más, Donald Trump no utiliza el Air Force One únicamente para los asuntos oficiales de la Casa Blanca sino que lo toma, un fin de semana y otro también, para volar a su mansión de Mar-A-Lago en la Florida. Ha sido criticado justamente por eso y muchos comentaristas han señalado que esos gastos son ahora considerablemente más altos para los contribuyentes que cuando Obama ocupaba la presidencia de los Estados Unidos.
Aquí mismo, el reemplazo de las anteriores aeronaves se volvió prácticamente forzoso, en su momento, porque eran aparatos muy antiguos y comenzaron a tener problemas mecánicos. Los Boeing 727 no tenían, encima, la autonomía suficiente para cruzar el Atlántico del Norte sin repostar y debían hacer escala en algún punto intermedio cuando el primer mandatario acudía a reuniones en el Viejo Continente.
Y sí, Calderón fue quien tomó la decisión de adquirir un Boeing 787-8 pero no fue su avión, como tampoco fue el avión de Enrique Peña ni es la aeronave personal de Obrador, sino que, en sentido estricto, es un patrimonio de la nación mexicana, a saber, un jet moderno equipado para que los presidentes de México desempeñen sus funciones al igual que los jefes de Estado de cualquier otro país.
Desde el punto de vista financiero, dejar de utilizar la aeronave no tiene demasiado sentido. Se adquirió a través de un contrato de arrendamiento y cada mes hay que cubrir las mensualidades correspondientes. Estamos hablando de una erogación que hay que hacer, de un dinero que se gasta de todas maneras, se use o no se use el aparato. Si a esto añadimos los 30 millones de pesos que costó tenerlo estacionado en un aeropuerto de California nos podemos preguntar si no debiera nuestro presidente utilizarlo de todas maneras, para que los recursos ya erogados sirvieren para eso, para sus viajes, en lugar de que gaste más dinero todavía comprando sus billetes, y los de sus acompañantes, a las aerolíneas comerciales.
En lo que toca a rifar la aeronave, no es nada mala idea: saquen la calculadora, amables lectores, y multipliquen seis millones de billetes de lotería por 500 pesos. Una millonada. Dinero que no saldrá de las arcas del Estado sino de los bolsillos de los mexicanos. Negocio redondo.
Los devotos de la 4T y las huestes de Morena se aprestan ya a soltar la plata. Me imagino que los empleados públicos serán amablemente forzados a adquirir su boleto, por si a alguien le pudiere preocupar que en todo el territorio nacional no se llegara a completar la cuota de los seis millones de adquirientes voluntarios.
El pueblo bueno, finalmente, será el que rescatará el negocio del avión presidencial. ¡Quién lo hubiera dicho!
