El rabioso descontento de los ciudadanos tiene por destinatarios a nuestros políticos pero, con perdón, los problemas de la nación son tan inabordables que no se ha aparecido todavía, en el escenario de lo público, el individuo todopoderoso y omnipotente con la capacidad de resolver siquiera alguno de los grandes atorones. Dicho en otras palabras, México es un país dificilísimo de gobernar.
En uno de sus artículos recientes, mi querido amigo Luis González de Alba hablaba de la consustancial corrupción de los mexicanos y se servía, para ejemplificar su punto de vista, del caso más común en nuestra cotidianidad: la obtención de una certificación oficial para emprender cualquier negocio, actividad o tarea en este país, desde la autorización para abrir un pequeño comercio hasta el permiso de conducir. Contaba Luis su experiencia al tratar de conseguir la necesarísima licencia de manejar y cómo le fue exigida, para recibirla sin recurrir a arreglos bajo la mesa, la realización de una maniobra tan complicada como absurda —estacionar un coche sin ninguna referencia visual (o sea, no entre dos vehículos, como lo hace uno en la vida real, en las calles de nuestras ciudades, sino obligado a colocarlo dentro de un rectángulo pintado en el piso y descalificado fulminantemente si cualquiera de las ruedas se sobrepusiera a alguna de las líneas del mentado cuadrilátero) que, de tan imposible de alcanzar correctamente, te obligaba, en lo hechos, a realizar la prueba, solventados primeramente los trámites para cada una de las comparecencias, una interminable cantidad de veces. ¿La solución a tan imposible tarea? Untar la mano del examinador de turno: soltarle un soborno para no tener que pasar dos o tres años en el intento. Pero, ¿quién recurre a este procedimiento? Pues, todos nosotros, señoras y señores: confrontados a un sistema expresamente diseñado para extorsionarnos —un esquema abusivo y tramposo consentido, encima, por los superiores jerárquicos de los empleados públicos que atienden directamente a los ciudadanos y que son los primerísimos en recibir las propinas (se puede suponer, aquí, que existe una estructura piramidal en la cual los jefes, sin ensuciarse las manos directamente, cosechan su tajada del pastel)— los mexicanos respondemos con un espíritu esencialmente práctico: para nosotros, todo esto no es más que una simple modalidad de supervivencia, más allá de que implique una conducta moralmente condenable. Pero, creo yo, no somos enteramente culpables: hay una diferencia determinante entre el hecho de someterse voluntariamente a durezas y exigencias razonables —un examen de admisión a una universidad, por ejemplo, o los trámites para obtener una beca de estudios— y la circunstancia de afrontar las obstrucciones de una tramitología perversa, infame, estúpida e irracional.
Ahora bien, multipliquen ustedes este modelo de expoliación a la práctica totalidad de los acuerdos que los ciudadanos tenemos que celebrar con las autoridades —los permisos de construcción, las autorizaciones para reclamar los artículos de importación de las aduanas, la certificación de productos, la homologación de normas, etcétera, etcétera, etcétera— y entonces podrán advertir la paralela proliferación de individuos, miles y miles de ellos, que, en todos los ámbitos, se entregan alegremente a la corrupción como si la podredumbre fuera un auténtico deporte nacional. Y, una vez hecha esta constatación, háganse la pregunta de cómo podemos resolver un problema que ha contaminado a millones de compatriotas que, como he dicho otras veces, ya están ahí. ¿Por dónde comienzas? ¿Creas un sistema de denuncias? ¿Instauras un modelo de controles? ¿Sí? Pero, entonces, ¿de dónde van a surgir los supervisores si el sistema de justicia se encuentra, a su vez, totalmente corrompido?
El presidente Enrique Peña impulsó un programa para otorgar, gratuitamente, tabletas electrónicas a los niños en las escuelas. Pues, la directora de una primaria, en Coacalco, Estado de México, está pidiendo 400 pesos a los padres para darles el artilugio a los pequeños. Así las gastamos, en este país. Así de envenenados estamos: maestros, inspectores, agentes aduanales, policías, líderes sindicales, funcionarios…
Y hemos tocado apenas el tema de la corrupción. De lo demás —la productividad, la educación, la pobreza, la desigualdad o la falta de infraestructuras— no hemos hablado. De nuevo, ¿quién arregla todo esto?
