Desde su pedestal que sueña sea de bronce como el de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas, no Carranza porque no le gusta, Amlo contradictoriamente lanza ataque a la Constitución del 17, a la que quiere volver en sus términos originales para anular las intervenciones sufridas desde Obregón a Peña Nieto porque las considera neoliberales según su incipiente concepción histórica.
Detrás de su discurso “democrático” existe el afán de eliminar los otros poderes y órganos autónomos que signifiquen contrapeso a sus decisiones unipersonales.
Teniendo mayoría, aunque por fortuna no calificada en el Congreso; diputados que se comportan sumisos olvidando que representan a los ciudadanos que los votaron, si bien es cierto postulados por Morena, y no a la voluntad del dueño del partido, es obvio que la meta es tener control del poder judicial para que actúen igualmente bajo consigna sin el mínimo reparo.
Es trampa proponer que la Corte sea elegida por votación de los ciudadanos, porque confiados en que tienen comprada la voluntad del votante a través de los programas sociales que reparten dinero, pagos todos por cierto que los dejan por debajo de la línea de pobreza, lo cual se traduce en la idea de que votarían a los designados por el presidente; así se tendría un poder judicial a modo como ya sucede con tres ministras propuestas por AMLO que no velan por cumplir la Constitución sino la voluntad de su líder.
En la Constitución de 1824, la Corte Suprema de Justicia se compondría de once ministros y un fiscal, se requería fueran instruidos en derecho; cada estado elegiría a 12 individuos, remitiría la lista al consejo de gobierno; en seguida los diputados nombrarían una comisión integrada de un diputado por cada estado; elegirían a los individuos que reunieran más de la mitad de los votos computados por el número total de legislaturas estatales, así hasta completar el número.
En la Constitución del 57 la elección era indirecta en primer grado, es decir, el ciudadano votaba por un Colegio electoral y éste por los once ministros.
La Constitución del 17 decía que la Suprema Corte la elegiría el Congreso de la Unión, por voto secreto y por mayoría absoluta. Nunca el ciudadano ha votado directamente por la Suprema Corte, las razones son obvias, se requiere criterio y comprensión de la misión a cumplir.
