La llegada del coronavirus a México pondrá a prueba al gobierno del país. Y en medio de ello, a la relación de este con los hasta hora vilipendiados “expertos”.
Dependiendo del manejo de esta crisis sanitaria se podrán observar no solo los resultados en materia de salud pública, sino también las características de la gestión de los problemas sociales, del bienestar público y de la amplitud de las libertades garantizadas.
Dicho de otra forma, entre más autoritario sea un gobierno, más fácilmente impondrá al conjunto de la sociedad una serie de medidas que pueden ser más o menos arbitrarias y más o menos justificadas para combatir el mal anunciado.
Esto puede suceder en casos de epidemias, de guerras o de desórdenes sociales causados por revoluciones, levantamientos, manifestaciones, etcétera. Y entre más liberal sea la gestión, mayor debe ser la transparencia y menores tienen que ser las restricciones.
Pero en medio está la eficiencia. El gobierno tiene que cuidar que el problema no se le salga de las manos; es decir, tiene que contenerlo mediante medidas no coercitivas y con igual o mayor eficacia, lo cual implica una estrecha colaboración entre expertos y políticos.
El gobierno chino, por ejemplo, no ha tenido ningún freno u obstáculo para imponer de manera autoritaria el cerco sanitario que le pareció indispensable con el objetivo de frenar la epidemia. Ha podido prácticamente aislar una región, sin que haya mayores protestas y hasta ha sido aplaudido por ello.
Pero hay quien lo acusa de haber tardado demasiado en reconocer la magnitud del problema y de no establecer una adecuada coordinación con sus propios científicos.
Por otra parte, la línea que separa lo permisible en una sociedad libre, es decir, lo que se puede pedir a la población que haga por voluntad propia con lo que se le puede imponer por la fuerza, por razones de Estado o de causa mayor, es relativamente tenue.
En las sociedades libres, el gobierno no puede impedir mayormente la circulación de personas, salvo casos muy específicos y temporalmente restringidos. Tiene, por el contrario, que responder con medidas efectivas que le permitan aislar los casos y resolver los problemas sin afectar mayormente al conjunto de la población.
En Alemania, por ejemplo, el tratamiento de los casos ha sido puntual y eficiente, sin que se genere una alarma general entre la población y sin que ello limite las libertades en general.
Todo puede cambiar de un día a otro, por supuesto. Y la tentación para tomar medidas extremas que resultan limitantes de los derechos de las personas, ronda a los gobiernos de todo tipo. El ejemplo del crucero al que le fue negado desembarcar a sus pasajeros en algunas islas del Caribe es muy representativo de ello. Por eso la decisión del gobierno mexicano de permitir el desembarco en Cozumel me pareció apropiada, al no permitir ni el pánico ni la discriminación.
El gobierno está obligado a mantener la calma. Pero esta debe de ser acompañada por una eficiencia en el manejo de la crisis, lo que implica todo un necesario replanteamiento de la relación del gobierno con los expertos, a quienes hasta ahora ha denostado.
