Luego de una fallida reforma constitucional relativa a la industria eléctrica y en tanto en los medios y círculos académicos se debate y discute en torno a la necesidad de una reforma político-electoral, otra reforma constitucional se vislumbra en el horizonte: la que tiene que ver con el desarrollo metropolitano.
La pertinencia de tal reforma no tiene lugar a discusión si se tiene que el 64 por ciento de la población total del país reside en alguna zona metropolitana, de la cual 41 por ciento vive en situación de pobreza; no obstante que en las 74 zonas metropolitanas que se encontraban formalmente reconocidas en 2015 se produce lo equivalente al 78 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De hecho, actualmente se tienen por presentadas al menos cinco iniciativas que pretenden reformar la constitución y legislar lo metropolitano: tres en la Cámara de Diputados propuestas por legisladores de Morena, MC y PRI; y dos más en el Senado de la República propuestas por senadores de MC.
Si nos atenemos a los argumentos expuestos por los funcionarios federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que dialogaron con diputados federales integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas; resulta alentador que se prevea una reforma al 115 y se refuerce el sentido de obligatoriedad en materia de coordinación entre autoridades municipales y se trascienda aquella otra visión urbanística que imperó años atrás y que se vio reflejada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo cual conllevaría potenciar el régimen interior metropolitano en torno de los gobiernos municipales en que se reconozca algún tipo de fenómeno metropolitano sea de escala intermunicipal o interestatal.
La gran interrogante que flota en el ambiente es si los partidos políticos tendrán la suficiente habilidad para que los acuerdos políticos en materia metropolitana no se vean afectados por las tácticas políticas rumbo a la elección del 2024, los escenarios electorales y el actual debate en torno a la pertinencia o no de las reformas político-electorales que mantienen acaparada la atención de la opinión pública.
Roberto Arias
