Con la manifestación de la semana pasada, promovida por el Sindicato de Pepenadores de Jalisco con el propósito de que sus afiliados se les permita continuar trabajando en el tiradero de Matatlán, en Tonalá, y su amenaza de “colapsar la ciudad con basura” que comenzaron a cumplir tirando basura en las calles del primer cuadro de la ciudad (Notivox JALISCO, 6 de mayo); resulta por demás evidente la naturaleza política del desafío que supondrá realinear las relaciones clientelares informales que distinguen al actual modelo de economía política de los residuos sólidos municipales, basada en una lógica lineal de generación, recolección y confinamiento final; hacia el nuevo paradigma de economía circular al que nos referimos la semana pasada en este mismo espacio.
Como la misma nota periodística enfatiza, el hecho de que Jalisco se ubique en tercer lugar por la cantidad de residuos sólidos urbanos, apenas superado por la Ciudad de México y el Estado de México, y que a escala metropolitana tan sólo Guadalajara y Zapopan se haya observado entre 2018 y 2020 una disminución en las toneladas de basura recolectadas por día (Notivox JALISCO, 6 de mayo); el sentido de urgencia del cambio de paradigma para el área metropolitana de Guadalajara precisamente tiene que ver con la disminución en la generación de residuos como uno de los principales indicadores del nuevo modelo de gestión metropolitano.
En el Simposio Internacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos que se efectuó recientemente en El Colegio de Jalisco; precisamente fue trazada una ruta que se vislumbra factible al amparo de la Ley de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco, para transitar del actual esquema de operación hacia un modelo a escala metropolitana. La ruta pasa necesariamente por la cooperación intermunicipal que asegure las economías de escala suficientes para su operación, la seguridad jurídica para los múltiples actores involucrados y la garantía de los flujos financieros suficientes para producir las infraestructuras indispensables para sostener la prestación de los servicios públicos con la calidad y los beneficios que merecen los habitantes de la metrópoli.
Roberto Arias
