Si los 43, los 17 o, tan siquiera, uno fueron efectivamente calcinados en el basurero de Cocula, los sicarios inculpados deben permanecer encerrados. Pero si los normalistas no fueron ultimados allí esa noche, como afirma el GIEI, los detenidos, forzosamente torturados para que apuntalaran con su confesión la versión oficial, deben ser inmediatamente liberados y compensados por habérseles vulnerado sus derechos humanos, y el GIEI, en su calidad de dependencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debía ser el primero en exigirlo. Es incomprensible que no lo haga. Más comprensiblemente, tampoco lo hacen los padres de los 43.
La Ciudad de México, con todos sus encantos, es uno de los sitios más inseguros, caóticos e inciviles del planeta; menos mal que allí no hay narcos. Es también una de las urbes más sucias, contaminadas y devaluadas en su patrimonio arquitectónico; una donde sus habitantes debían preguntarse cómo es que sus continuos gobiernos que se dicen de izquierda han cimentado tan eficientemente la degradación cívica iniciada por los regentes del PRI, comenzando por el favor que le han otorgado al automóvil particular en detrimento del transporte público: desde el cochinito de los segundos pisos del Rayito de Esperanza hasta ese desastre financiero, político y administrativo que acabó siendo la Línea 12. De las marchas sin regular y de los transportistas y ambulantes que gozan de privilegios corporativos con fines electorales en detrimento del peatón, ni hablemos. Así ha de ser, el progresismo de vanguardia.
Esta doble moral vive enquistada a lo largo y ancho de nuestro país: entre los militantes de la izquierda y de la derecha; por todo el espectro socioeconómico; cantada desde el púlpito por nuestros llamados intelectuales y afirmada por quienes se juntan a platicar en el café, permeando los rituales de la vida privada tanto como las conductas de los personajes públicos. Quizá por eso nos parece tan natural que se denuncien ciertos actos de corrupción e impunidad callando otros, o cuando se exculpa la comisión de francos delitos en el nombre del activismo, la libertad de expresión o la protesta o, en suma, cuando se exige justicia solo para algunos, o en diferente grado para unos que para otros, dependiendo de las filias o las fobias de los denunciantes.
Lástima que el mundo no sea Facebook, donde esos reduccionismos obtienen muchos likes: la realidad es que mientras los ciudadanos mexicanos se rehúsen a vivir, en la práctica, en un país donde el rasero aplique parejo para los cercanos que para los ajenos, no habrá justicia, democracia o igualdad posibles.
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