Desde el pasado mayo, Letitia James, la procuradora general del estado de Nueva York, y Cyrus Vance, el fiscal de distrito de Manhattan, fusionaron sus respectivas indagatorias de las malas prácticas fiscales y de negocios de la compañía del ex presidente Trump. Vance consiguió apenas a finales de febrero las declaraciones fiscales del ex presidente; contrario a la costumbre, éste se había negado a hacerlas públicas al aceptar su candidatura.
Este jueves primero de julio fueron dados a conocer los primeros cargos, fincados a Trump Organization, Trump Payroll Corporation y a Allen Weisselberg, el director financiero de la organización y contador personal del ex presidente que lleva más de 48 años en su empleo. En total son 15 acusaciones, entre las que se cuentan conspiración para delinquir, defraudación, falsificación de documentos y desfalco, y a Weisselberg en particular se le acusa de haber omitido declarar 1.7 millones de dólares en prestaciones en forma de coches, rentas y colegiaturas para sus hijos y nietos.
Los documentos señalan en específico al ejecutivo acusado, pero incluyen en la redacción a “otros ejecutivos de la empresa”, que para todo buen entendedor son los hijos mayores del ex presidente. Si bien los cargos pueden parecerle poca cosa a cualquier mexicano acostumbrado a estafas maestras, hay que recordar que Leona Helmsley, la entonces viuda y heredera del hotel Palace y del edificio Empire State, socialité con una fortuna que se estimaba en cerca de 10 mil millones de dólares, fue sentenciada en 1992 a 16 años de prisión por haber decorado su residencia privada con fondos de sus empresas, por omitir declararlos como ingresos.
Weisselberg, a sus 73 años, se entregó el jueves poco después de las 6 de la mañana y se declaró inocente. Después de su audiencia partió hacia su casa, libre de fianza, aunque habiendo entregado su pasaporte. Las siguientes semanas serán cruciales para ver si, luego de constatar la solidez de las pruebas en poder de los procuradores, el contador acepta cooperar con las autoridades; hasta ahora ha permanecido absolutamente leal a la empresa y a sus patrones, pero no se descarta que, a cambio de clemencia, aporte los materiales y testimonios necesarios para inculpar a Donald Trump, el blanco final de las investigaciones de Vance y James.
Eso sería muy mala noticia para el ex presidente: no hay recoveco financiero de la familia Trump que el contador no conozca, ni acto que no haya estado dispuesto a cumplir en su beneficio; al jurar como presidente, y para evitar conflictos de interés, Trump le entregó las riendas de la compañía a sus hijos mayores y a Allen Weisselberg, y la firma de éste último está estampada en el cheque de 130 mil dólares pagado a Stormy Daniels, la actriz de películas porno con quien Trump tuvo una aventura en los meses posteriores al nacimiento de su quinto hijo, Barron. El monto, que tampoco fue declarado a Hacienda, le costó tres años de cárcel y 50 mil dólares de multa a Michael Cohen, entonces el abogado personal del presidente Trump y negociador de la transacción.
Los días de ajustar cuentas contra Donald Trump apenas comienzan.
Roberta Garza
@robertayque
