Un buen día de febrero de 2010 Hugo Chávez paseaba por Caracas. Se enteró de que en un edificio de la señorial plaza de Bolívar vivió en su juventud el Libertador, y cuando el alcalde le informó que el sitio albergaba un par de joyerías, Chávez exclamó: “¡Exprópiese!”. ¿Por qué? Pues porque le pareció indigno que lugares tan cargados de historia estuvieran en manos de cochinos comerciantes.
Este pasado viernes López Obrador ha exclamado el mismo “¡exprópiese!”. El damnificado aquí es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y el dueño de la mina carbonera donde en 2006 quedaron enterrados 65 trabajadores por negligencia criminal, y de la mina de cobre en Cananea, Sonora, que derramó en 2014 40 mil toneladas de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora, envenenando a más de 20 mil vecinos.
Todo lo anterior —es decir, la dudosa calidad moral de la víctima— debía ser completamente irrelevante a la hora de procesar un agravio o delito en un país donde la ley sí es la ley, pero en México la máquina de propaganda al servicio del presidente está encuadrando el rechazo al despojo como una defensa del preclaro enemigo, como hiciera Chávez en esa plaza y como han hecho todos los dictadores del mundo a la hora de pasarse la ley por los tanates. Porque no, el hurto no es restitución virtuosa ni ajuste de cuentas contra algún nebuloso enemigo patrio: es una violación al Estado de derecho y a la propiedad privada por la fuerza militar.
Para minimizarlo, el secretario de Gobernación dijo durante una rueda de prensa en Durango: “no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal”, y López mismo le hizo segunda apuntando que para qué tanto pancho, que él solo le regresó la concesión al Estado. Nomás que esa concesión no está hecha de puro aire, pero explíquenle eso a quien en su vida ha producido un peso de valor: desde principios de 2022, cuando Grupo México firmó y pagó su acuerdo con el gobierno para usar los 120 kilómetros del tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, la empresa gastó cientos de millones de pesos en adecuación, mantenimiento y mejoras del tramo en cuestión, al suponer que su usufructo quedaba amparado en un contrato con validez legal. Larrea, al enterarse de que el Presidente quería rescindir la concesión, abrió las negociaciones. Hasta el pasado viernes cuando, sin previo aviso, los militares que tan caros ha comprado López con nuestro dinero fueron enviados a ocupar esas vías por considerarlas súbitamente “de utilidad pública”.
El golpe sucedió días después de que el tabasqueño diera a conocer su beneplácito a que el empresario adquiriera Banamex, y eso explicaría el medroso comunicado de Grupo México y la respuesta de López Obrador en una mañanera respecto a si el despojo sería permanente: “Depende de la actitud de la empresa”, dijo. O sea que ya saben, inversionistas y empresarios: bajo la T4, dobladitos se ven más bonitos. Porque rescindir compromisos firmados y apropiarse de bienes ajenos por miles de millones de pesos es lo menos que les puede pasar bajo la bota militar detentada por López Obrador.
Advertidos estamos todos.
