México no puede seguir manteniendo una posición ambigua respecto a las atrocidades que vienen sucediendo en Nicaragua desde hace casi cinco años.
El jueves pasado el gobierno de Daniel Ortega sacó de la cárcel a 222 personas para enviarlas en un avión a Estados Unidos, no sin antes haberles despojado de la nacionalidad con la que nacieron.
A punto de abordar la escalerilla del avión el obispo Rolando Álvarez Lagos se apartó, negándose a abandonar su país. Dos días después, un juez lo condenó a 26 años de prisión acusado de traición a la patria y de propagar noticias falsas, entre otros delitos. También se le arrebataron todos sus derechos civiles.
Álvarez Lagos es una de las miles de víctimas de la represión implacable del gobierno de Ortega. Su pecado principal fue haber formado parte de un grupo negociador que intentó, desde la sociedad, entablar un diálogo con la administración sandinista para encontrar solución a la crisis política.
La respuesta mexicana frente a esta tragedia de derechos humanos ha sido tan tímida que parece cómplice. Durante el verano de 2021 veintisiete naciones del continente americano condenaron el terror impuesto en Nicaragua contra las voces disidentes.
Sorprendentemente, México decidió no suscribir el reclamo.
Entonces, una treintena de organizaciones nicaragüenses escribieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsiderara su apatía.
Días después, el mandatario mexicano hizo una breve mención contra la violación de derechos humanos en ese país centroamericano y, desde entonces, no ha vuelto a decir nada.
En noviembre pasado, Gabriel Boric, presidente de Chile, tomó la palabra durante su visita a la cámara mexicana de Senadores para rechazar la indiferencia respecto de los presos políticos nicaragüenses, a lo que López Obrador se limitó a responder que respetaba a Boric y nada más.
En esta misma hebra hay que recordar cuando el embajador mexicano Gustavo Cabrera Rodríguez se vio obligado a abandonar silenciosamente Nicaragua porque retuiteó un mensaje del escritor nicaragüense Sergio Ramírez contra el gobierno de Ortega.
La sumisión del gobierno respecto a ese episodio no honró en modo alguno la dignidad de México.
Zoom: Hay un nuevo principio en la política exterior mexicana: “si son de izquierda, aunque violen derechos humanos”.
Ricardo Raphael@ricardomraphael
