Desde que se fundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha prestado varias veces para lavarle la cara a los gobiernos.
Ayer volvió a hacerlo. Rosario Piedra publicó un vergonzoso comunicado en el que afirma que esa dependencia no encontró actividades de espionaje cometidas por el gobierno federal con el programa Pegasus, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En octubre del año pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, identificó que su dispositivo podía estar infectado con ese programa. Autorizó por este motivo que el Citizen Lab de la universidad de Toronto analizara su teléfono. Cuatro meses después, dicho laboratorio —la autoridad más rigurosa que hay en el mundo en esta materia— concluyó que, en efecto, el funcionario había sido víctima de este malware cuya licencia en México solamente la tiene la Sedena.
Encinas se sumó a la lista de personas que hemos sido afectadas por Pegasus durante la actual administración. Entre ellas se encuentran Salvador Leyva Morelos Zaragoza, funcionario del Poder Judicial hasta enero de este año; Raymundo Ramos, defensor de derechos en el estado de Tamaulipas; un periodista de Animal Político cuyo nombre no se ha dado a conocer, y también quien escribe estas líneas.
Debo precisar aquí que, hasta este momento, no he sido contactado por el personal de la CNDH. Tampoco han sido requeridos los abogados que nos representan a Ramos, al periodista de Animal Político y a mí ante la Fiscalía General de la República, donde presentamos una denuncia por estos hechos. Salvador Leyva Morelos niega también haber tenido contacto con el personal de la comisión.
¿Cómo entonces —sin considerar el decir de las víctimas— llegó la señora Piedra a concluir que no encontró elementos de espionaje por parte de la Sedena?
En mi escritorio le espera una carpeta de indicios que confirmarían la afectación y también evidencia que señalaría al Centro de Inteligencia Militar como responsable de los delitos cometidos.
Zoom: la señora Piedra debería estar consciente de las penas previstas en el Código Penal federal mexicano contra las autoridades que cometen falsedad de declaraciones. Por concluir, sin investigar, merecería que le cayeran de cuatro a ocho años de prisión.
