Morena llevará hasta el límite la mayoría parlamentaria que hoy tiene para lograr una reforma electoral cuyo único propósito es asegurarse hacia delante ventajas irremontables sobre sus adversarios.
El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador va por el árbitro: lo quiere a modo y militante. No hay ninguna buena fe en esta iniciativa, tampoco ánimo democrático o pretensiones de austeridad. Es una chicanada que, de salir airosa, regresaría al país a la época en que el fraude en los comicios era nuestro principal dolor de cabeza.
Ignacio Mier, líder morenista en la Cámara baja, ya adelantó los temas. El más descabellado es el que pretende elegir mediante el voto directo a las y los consejeros del INE. La intención es evidente: el partido más popular será el mismo que contrate a la mayoría de los árbitros.
Dadas las preferencias actuales a favor del partido oficial, esto querría decir que Morena controlaría 60 por ciento del Consejo del INE.
Para acompañar esta barbaridad se propone reducir el número de personas consejeras, de once que son actualmente, a siete o quizá a cinco (no se sabe todavía porque la vergonzante iniciativa continúa escondida).
No sorprende que las oposiciones, incluido el Partido Revolucionario Institucional, estén predispuestos a rechazar la idea.
La semana pasada tanto Rubén Moreira como Alejandro Moreno, líder parlamentario y presidente nacional del PRI, respectivamente, adelantaron que no acompañarían este proyecto.
Sin embargo, previamente el secretario de gobernación, Adán Augusto López, hizo públicas las conversaciones sostenidas con diversos legisladores del tricolor. Si el gobierno pudo antes fracturar la alianza opositora, ¿por qué no podría ahora reventar el liderazgo de Moreira o de Moreno?
Cabe ciertamente como posibilidad que el oficialismo revuelto con algunos priistas saque la reforma a las leyes secundarias. Se ve complicado, sin embargo, que logre modificar la Constitución.
Zoom: con todo, la iniciativa electoral podría cursar el mismo camino que la iniciativa sobre la Guardia Nacional, es decir, colocar a las leyes secundarias en contra de la Carta Magna para pasarle luego a la Corte la tarea de desactivar tan tremendo cortocircuito constitucional.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
