Las familias confiaron en la agencia funeraria que, tras la cremación, entregó las cenizas de su ser querido. Recién se enteraron los deudos de que, contrario a su pensar, dentro de las urnas funerarias había restos falsos.
Peor dolor les causó saber que el cuerpo sin vida del hijo, el padre, el abuelo o de la madre llevaba meses, acaso años, pudriéndose a ras de tierra dentro de una bolsa de plástico.
Se necesita de mucha vileza para hacer algo así. Son casi cuatrocientos difuntos en la misma y malvada circunstancia.
Durante el fin de semana pasado, los vecinos de una empresa crematoria llamada La Plenitud (el nombre no pasa desapercibido) denunciaron la pestilencia que escapaba fuera de sus paredes.
Cuando la autoridad municipal arribó al lugar se encontró con el infierno: un cementerio de cuerpos descompuestos, algunos de ellos sin cabeza.
La lista de responsables de esta atrocidad es larga. No solo deben rendir cuentas los dueños del crematorio, José Luis Arellano y Rosa María Cuarón, o las empresas funerarias que engañaron a sus clientes, sino también las autoridades que por no hacer su trabajo son imputables.
De acuerdo con la Ley General de Salud, la oficina de la Cofepris en el estado de Chihuahua debía verificar regularmente el cumplimiento de las normas y los protocolos exigidos a este negocio. Sin embargo, hacía tres años que su personal no se paraba por ahí.
Por eso Cofepris desconocía que La Plenitud no contaba con cámaras de refrigeración y que su horno hacía rato que estaba descompuesto.
Tampoco la autoridad municipal de Ciudad Juárez, que otorgó la licencia de uso de suelo, se interesó en este lugar.
Quisiera uno pensar que este caso es único y aislado. Sin embargo, después de este funesto hallazgo supimos que en México no existe un padrón confiable de unidades dedicadas a la cremación de seres humanos; tampoco de las agencias funerarias que utilizan tales servicios.
Zoom: Un país con más de 100 mil personas desaparecidas solo puede explicarse por la imperdonable omisión de no supervisar con regularidad la operación legal de los hornos de cremación humana. Más que por negligencia, habría que señalar a Cofepris por complicidad.
