Lo acontecido entre los gobiernos de EU y Colombia el pasado domingo, por el tema de la repatriación de nacionales colombianos a su país de origen, nos muestra el nivel de tensión, estrés y fragilidad que existe en la región por el tema de la migración.
Afortunadamente, se encontró un cauce diplomático de solución al impasse que solo duró unas horas, pero el cual muestra que la atmósfera de las relaciones entre el norte y el sur del continente se puede cortar con una pluma.
Especialmente entre los gobiernos calificados como “izquierdistas” por la propia administración estadunidense y el nuevo equipo que llegó a la Casa Blanca y al Capitolio mismo.
Lo primero es reconocer que EU tiene todo el derecho a instrumentar sus políticas migratorias dentro de su territorio, como parte de sus decisiones soberanas. El derecho a admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones es consustancial a cualquier Estado nación y no está a discusión en este momento.
El tema a discusión son las condiciones y formas bajo las cuales se aplica esta facultad soberana, cuya limitante es el respeto a los derechos pro persona o derechos humanos de las y los migrantes, tutelados por convenios internacionales y el derecho internacional mismo. Trasladar a migrantes como si fueran criminales, esposados de pies y manos, sin que sean delincuentes sentenciados, no lo avala ninguna norma internacional.
De persistir esta práctica, hay recursos jurídicos nacionales y organizaciones internacionales ante las cuales acudir y recurrir para corregir esta situación. En tal sentido, habrá que estar muy atentos a la reunión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se ha convocado para los próximos días, a fin de tratar la nueva realidad que enfrenta la región y buscar posicionamientos y soluciones comunes.
Rescatar la importancia de la multilateralidad, para tratar en forma mancomunada los problemas comunes de las naciones latinoamericanas, como es la migración, siempre será una mejor estrategia que buscar de manera aislada o separada la solución de esos problemas.
El otro tema es qué posición debe asumir México en casos como el diferendo que se presentó entre EU y Colombia. Habrá quien sugiera que tiene que “hacerse de la vista gorda” y concentrarse en atender su propia problemática.
Otra postura podrá recomendar alinearse con alguna de las dos partes en conflicto, plegándose a aquella con la cual tenga afinidad ideológica, política o histórica; en este caso, colocarse del lado de Colombia.
Una tercera postura aconseja seguir los principios constitucionales de la doctrina Estrada, evitando la alineación hacia alguna de las partes y, en todo momento, si hubiese que intervenir, que sea en calidad de puente, interlocutor o “amigable componedor” de las diferencias, a petición de los directamente involucrados. No solo hay un sustento constitucional, sino una tradición diplomática favorablemente experta hacia esta postura.
En este momento, sin embargo, el impasse colombiano (resuelto en horas) se cruzó con la transición que atraviesa México con nuestro vecino del norte. Es un trance que estamos viviendo con diálogo, negociación y cooperación, que nos permite caminar con dignidad y firmeza, lejos de la sumisión o la humillación.
