Lo bueno: el triunfo de AMLO en las urnas, con más de 30 millones de votos, y un partido –Morena– que es ante todo un movimiento social y ciudadano que plantea combatir la corrupción, separar el poder político del poder económico y reducir las crecientes desigualdades sociales, económicas y regionales en el país.
El triunfo de Morena representó también la terminación de los gobiernos divididos a nivel federal y en varios estados. Después de 21 años en los que un partido no obtenía mayorías absolutas en las cámaras legislativas federales, Morena y sus aliados (PT y PES) consiguen dominio en los escaños para promover las reformas legislativas que requiere el primer gobierno de izquierda en México, cuyo proyecto es identificado mediáticamente como “la cuarta transformación del país”.
El gobierno se ha movido en dos escenarios: desmontar los símbolos más vistosos del “antiguo régimen” (venta del avión presidencial, apertura de Los Pinos, eliminación de las pensiones a los ex presidentes y desaparición del Estado Mayor Presidencial), y promover una agenda legislativa prioritaria de 14 puntos, entre los que destaca: crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República; renovar la Guardia Nacional, ya presente en la Constitución; implementar la austeridad republicana (que implica topar el sueldo de Presidente, legisladores, ministros y magistrados, entre otros); tipificar como delitos graves la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral; eliminar el fuero presidencial; revocar la reforma educativa; reconocer el resultado de las consultas ciudadanas, y aumentar significativamente el salario mínimo, entre otros.
Una aprobación ciudadana de 75 por ciento avala el inicio de un gobierno presidencial fuerte, como no se veía desde hace décadas.
Lo malo: la violencia y la inseguridad no bajan. Los primeros dos años del gobierno de EPN se registró una disminución en las ejecuciones extrajudiciales, pero a partir del tercero el incremento en los índices delictivos fue sostenido. Cerró con más delitos violentos que su antecesor Felipe Calderón, y con una percepción ciudadana de inseguridad de 82 por ciento, casi similar a su nivel de reprobación de 76 por ciento.
En 2018, la violencia y la inseguridad cumplieron 12 años de ser el principal problema del país, con un balance similar al de naciones con guerra civil no convencional: más de 220 mil personas ejecutadas; más de 300 mil desplazadas forzadamente; más de 35 mil que desaparecieron o no fueron localizadas, y más de un millón de víctimas afectadas. Una pandemia social.
Lo feo: el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York. En la Corte estadunidense no solamente se está enjuiciando a un narcotraficante convertido en leyenda, sino al sistema de protección policial, militar, judicial, carcelario y político que lo encumbró.
De todo lo expuesto hasta el momento, la Policía Judicial federal mexicana ha llevado la peor parte. Un novel organismo de seguridad en el que se invirtieron miles de millones de pesos, quedó exhibido como institución carcomida por la corrupción y la ineptitud. Si no queremos que en el futuro la justicia del país quede en manos de testigos protegidos de dudosa probidad, debemos hacer nuestra tarea aquí: desterrar el cáncer de la corrupción y la impunidad en los sistemas de seguridad e impartición de justicia.
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@RicardoMonrealA
