Del paquete de 10 “reformas estructurales” (en realidad, reformas sectoriales) que promovió el gobierno del presidente Peña Nieto, la mejor aceptada por la población fue la educativa.
¿Quién puede oponerse a que mejore la calidad de la educación en el país? ¿Quién puede estar conforme con un sistema educativo que condena al rezago tecnológico y pedagógico a millones de niños y jóvenes, comparados con los educandos de otros países? ¿Quién puede avalar un gasto público educativo cuyos beneficios se quedan en el camino (burocracias gubernamentales y sindicales), en lugar de reflejarse en mejores aulas, escuelas tecnificadas o más centros de educación superior para jóvenes rechazados?
Impecable en sus fines, la reforma educativa naufragó por la manera de instrumentarla y por los medios autoritarios usados para imponerla.
Al enfocarse en la relación laboral del gobierno con los profesores, se convirtió en una puntillosa reforma laboral patrón-empleado, dejando de lado la reforma de contenidos pedagógicos, métodos de enseñanza y procesos de aprendizaje que son el eje de una verdadera reforma de la educación.
Convertir a los maestros en el principal escollo y no en el principal aliado de la reforma educativa, fue el error original y originario de la reforma que hoy se pide derogar.
El diseño y la visión de la actual reforma corresponde más a la de un gerente o propietario de un colegio privado (el patrón), que a la de un estadista que diseña políticas públicas para los próximos 50 años, donde se incorporen las propuestas de maestros, padres de familia, académicos y especialistas en los temas educativos.
Hasta el momento, de los cinco contendientes a la Presidencia de la República, solo los tres con mayores posibilidades (AMLO, Anaya y Meade) han fijado posiciones o presentado propuestas sobre este tema. Los independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, El Bronco, solo han promovido hasta ahora declaraciones o posturas mediáticas.
AMLO es el único que ha planteado abiertamente la revisión integral de la reforma, con base en los siguientes 10 puntos: uno, fortalecer la educación pública como derecho fundamental de los mexicanos; dos, alimentación para los alumnos de educación básica de las zonas marginadas; tres, los estudiantes de nivel medio superior recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales para evitar la deserción escolar; cuatro, terminar con el rechazo de aspirantes en las universidades públicas; cinco, fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional para mejorar la calidad de la educación; seis, cancelar la reforma educativa, haciendo uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional; siete, plan educativo nacional con participación de maestros, padres de familia y expertos en pedagogía; ocho, respetar la independencia y autonomía del magisterio; nueve, impulsar la educación indígena; diez, suspender las cuotas que pagan padres de familia para mantenimiento, destinar recursos a la infraestructura escolar e introducir internet público gratuito.
Sobre el tema de la evaluación magisterial y la contratación de nuevas plazas mediante exámenes de concurso, el candidato puntero en todas las encuestas no hizo señalamiento alguno.
Rechazada por la mayoría del magisterio y esperada por la mayoría de la población —en especial los padres de familia—, la reforma educativa irá a las urnas el próximo 1 de julio. Veremos que propuesta convence más: mantener o revisar la reforma.
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