Ha quedado atrás aquella pasarela de gobernadores y presidentes municipales que iban al H. Congreso de la Unión a una prolongada pasarela de gestión de recursos para el próximo año. Ahora el objetivo fue simple, impedir que se muevan comas y puntos a la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023. Y a pesar de las más de 2 mil reservas desahogadas durante tres días de un ambiente legislativo de reproches e insultos, sin efecto alguno, hay preguntas que persisten en la estructura social sin importar el color del partido en turno: ¿Cuál es el verdadero destino del dinero público? ¿cómo entender un PEF cuando por un lado se regala dinero y por el otro no hay vacunas? Eufemismos como “los pobres primero” o “el pueblo manda” son un saco viejo en el que cabe cualquier narrativa, pero que cada vez tiene más hoyos por los que se sale el incremento de deuda pública, rescates financieros disfrazados, compra de votos disfrazadas de pensiones o apoyos, insumos médicos o esos anuncios de gasto realizado como “exitoso”. Todo sin aportar una coma de evidencia.
Técnicamente, detectar huecos, discrecionalidades, inconsistencias o actos de corrupción en las finanzas públicas, es atendible. Soluciones sustentadas en tecnología Blockchain, por ejemplo, permiten trazar con información inalterable la verdadera ruta de cualquier rincón del gasto público. Tecnología cada vez más conocida, pero posiblemente evadida por su potencial alcance en el verdadero cumplimiento de los principios constitucionales del manejo de recursos públicos. Permitiría saber, por ejemplo, en mucho menos tiempo y con mayor certeza, desde la aprobación del PEF hasta la cuenta pública, lo que pase con esos 8.29 billones de pesos asignados al PEF 2023. La ciudadanía ya no tendría que pretender recursos legales como un lento amparo contra moches ante la opacidad y discrecionalidad, esperar algún golpe de suerte de información para entender las mágicas reasignaciones de una estafa maestra o que lleguen unas guacamayas a filtrar información, porque la información se generaría de manera automatizada e inalterable. Se trata de soluciones que ya han sido sugeridas para el manejo de las finanzas públicas por organizaciones como el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF).
¿Valdrá la pena que el Congreso destine algo de esos millones que utiliza periódicamente para cambiar equipos de cómputo y teléfonos de última generación, en tecnología que permita el inicio de un verdadero seguimiento a la ruta del dinero público que cierre la puerta a justificaciones estériles que no rinden cuentas ni transparentan al electorado? ¿se repetiría la historia del año pasado cuando Quintana Roo presumió usar Blockchain en su proceso legislativo, pero lo bajó a los siete meses por estar sobrecalificado (quizá en transparencia y rendición de cuentas) y por los costos que implicaba (quizá más políticos que económicos con información inalterable)?
Ricardo Corona
