Actualmente muchas personas, encantadas por el fantasma de la especulación, no cesan de hablar de precios máximos y mínimos del Bitcoin. La moneda digital más popular que, si bien todavía no cuenta con el respaldo de bancos centrales y hay muchos retos en su regulación hacia adelante, parece no haber duda de que llegó para quedarse y solamente es cuestión de tiempo. La tecnología que le da sustento se denomina Blockchain, una cadena de bloques digitales que tiene la capacidad de brindar seguridad en las transacciones, generando condiciones de certidumbre a partir del flujo simultáneo de información, en donde todo queda documentado y bloqueado al momento. O para ser más concretos, un mecanismo de información rastreable e inalterable en el que, en caso de que se pretenda modificar algo, inmediatamente se enciende la señal de alerta.
Es a partir de esta tecnología como el mundo está presenciando la transición a un nuevo paradigma financiero mundial en el que poco a poco las personas han ido sumando votos, más allá de estafas, desconocimiento y abusos de quienes intermedian con promesas de una inmediata riqueza. También se han ido sumando establecimientos mercantiles, instituciones bancarias, gobiernos, casas de bolsa y regulaciones. En fin, el pronóstico parece ser que quienes no se suban a esta nueva modalidad, terminarán siendo la versión siglo XXI de aquellas personas que sacaban centenarios de su cinturón o guardaban billetes en el colchón antes de acercarse a un banco o a un cajero automático.
Dinero y tecnología son importantes, pero no es menor la confianza de las personas. Y esa tecnología da pie a una nueva luz en el camino de un quehacer gubernamental que ha quedado a deber en materia de transparencia y rendición de cuentas. Implementar mecanismos rastreables e inalterables en los que todo mundo pueda participar para tener acceso a un verdadero Estado abierto en gasto público, sentencias, elaboración de presupuestos, combate a la corrupción, contrataciones públicas, programas de apoyo, becas, pensiones a adultos mayores, fideicomisos, proyectos de infraestructura. En fin, en todas aquellas áreas que hoy han hecho que México levante la ceja. Aunque, claro, dicho esfuerzo requiere de una sociedad civil 2.0 en la que participen academia, organizaciones, estudiantes y todas las demás personas que durante la última década han aportado elementos para consolidar la legitimación del quehacer gubernamental y evitar un Estado en el que, en lugar de una política digital robusta e inclusiva, parece continuar en la disyuntiva de guardar el dinero en el cinturón o en el colchón.
