De conformidad con el Diccionario de la RAE, precarizar es convertir algo, especialmente el empleo, en precario, inseguro o de poca calidad.
Esto puede suceder en los altos cargos públicos con las prohibiciones de que haya remuneraciones superiores a la nominal del presidente; y que los exfuncionarios públicos no trabajen en la iniciativa privada durante los diez años posteriores a la terminación de sus mandatos.
Primero: Es razonable que el artículo 127 constitucional prohíba que los servidores públicos tengan una remuneración mayor que la del presidente. Pero es incorrecto que el Presidente haya fijado libremente su remuneración nominal.
Creo que debería ser a la inversa, esto es, primero determinar las remuneraciones de los funcionarios, tomando en cuenta los requisitos de estudios, experiencias y responsabilidades; y luego fijar la remuneración superior del presidente.
Segundo: La Ley Federal de Austeridad Republicana dispone que los servidores públicos de mando superior que cesen en sus cargos, no podrán trabajar durante los diez años posteriores en empresas que hayan supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.
Esa disposición es inconstitucional porque infringe los artículos 1º y 5º de la Constitución General que disponen:
Art. 1º. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Art. 5o. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
En todo caso, debería de reformarse la Constitución para establecer esa limitación, porque una ley ordinaria no puede suprimir el derecho fundamental de la libertad de trabajo que las autoridades deben respetar y garantizar.
Esas dos prohibiciones frenan que profesionales altamente calificados sean funcionarios públicos.
