Nadie ha dilapidado tanto capital político en tan poco tiempo. Tras llegar a la presidencia en una apretada y cuestionada elección, mostró indicios de oficio político y obtuvo el respaldo social y de los partidos para impulsar reformas políticas, económicas y sociales de gran calado en beneficio del país y de la gente. Obtuvo por momentos el status de gran reformador, pero cegado por el relativo éxito de su convocatoria descuidó muy pronto tres aspectos vitales: desdeño mantenerse dentro de los márgenes del consenso, puso la conducción de las reformas en manos de sus allegados y no en manos de perfiles aptos y comprometidos y permitió que la corrupción se colocara como el sello distintivo de su administración y partido.
Es el mandatario con los niveles de aceptación y credibilidad más bajos en toda la historia del país. Pero tal parce que su declive aún no termina. En una actitud que en términos taurinos se define como “apocado” ha dejado pasar sin más, las mentiras y difamaciones vertidas por el presidente norteamericano en un episodio que lo dibuja como títere y cómplice de la xenofóbica actitud que se ha adueñado de la Casa Blanca; lejos de responder con astucia al mitómano mandatario estadounidense y recuperar un poco de la dignidad que la investidura presidencial exige, ha asumido una actitud abyecta y obsequiosa. Muy mala combinación la de poca pericia técnica, nulo oficio político, múltiples compromisos inconfesables y una actitud apocada frente a los problemas.
Los números del desastre están a la mano. Las predicciones hechas desde inicio de año por diversas instituciones financieras internacionales, firmas de consultoría, por académicos, especialistas y por el propio Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) se han cumplido:
— Bajo crecimiento económico (no mayor al 2%).
— Incremento del desempleo y subempleo (56% de la población ocupada labora sin prestaciones).
— Pérdida del poder adquisitivo (inflación por arriba del 4% oficial y 7% real).
— E incremento del número de familias cuyos ingresos se ubican por debajo de la línea de bienestar mínimo (51 millones de mexicanos carecen del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria).
Las condiciones económicas como la devaluación del peso frente al dólar, la caída del Producto Interno Bruto, la reducción de la inversión pública que se traduce en recortes sustantivos a los programas sociales y para el desarrollo de infraestructura, la disminución de la inversión privada que afecta directamente la creación de empleos y la incertidumbre generada por las medidas impulsadas por la administración norteamericana para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han generado las condiciones de una tormenta perfecta que golpea la economía nacional. Por supuesto las secuelas más graves y los resultados más devastadoras se dejan sentir entre los estratos sociales vulnerables.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el periodo de 2010 a 2015 se destinaron alrededor de 430 mil millones de pesos a programas sociales cuyo propósito principal fue el abatimiento de la pobreza. Sin embargo, a finales de 2015 el CONEVAL reportaba que el número total de mexicanos en condición de pobreza se había incrementado en poco más de 2 millones para quedar en alrededor de 55 millones 300 mil personas.
Cabe preguntarse entonces si durante los momentos de mayor inversión pública en el abatimiento de la pobreza la cifra de mexicanos en condición de pobreza alimentaria se incrementó, entonces cómo estarán las cosas en este momento; sobre todo, luego de los indiscriminados incrementos en los precios de alimentos, transporte y bienes de consumo general que se desataron a partir del gasolinazo y que nos trajo la mayor escalada inflacionaria de los últimos diez años; inflación que a finales de mayo de este año alcanzaba ya los 6.17 puntos porcentuales.
A estas alturas, ya nadie se traga la historia de que esta crisis es coyuntural, como argumentan los funcionarios federales; la crisis ha resultado permanente y es resultado de graves problemas estructurales: corrupción (incluida la colusión con el crimen organizado), incompetencia y ausencia del Estado de derecho.
Muestra de ello lo representa el ranking de Competitividad Mundial 2017 presentado por el Centro de Competitividad del Instituto de Negocios Suizo IMD y publicado hace pocos días; en dicho ranking nuestro país retrocede tres posiciones para ubicarse en el puesto 48 de 63 países evaluados.
Se trata de la posición más baja obtenida por México desde 2008, y representa un desplazamiento negativo de 16 lugares en lo que va del sexenio (desde el puesto 32 que manteníamos en 2013).
La evaluación integral considera 340 criterios agrupados en cuatro áreas clave: eficiencia del gobierno, eficiencia de la infraestructura, desempeño económico, y eficiencia de los negocios.
Los rubros en los que nuestro país obtuvo las peores evaluaciones fueron: matriculación a nivel secundaria (63), porcentaje de alumnos por maestro (60), concentración de exportaciones por socio comercial (62), exportaciones de servicios (61), transparencia (60), comisión de homicidios (59), prevalencia de la corrupción (59), calidad de la procuración, impartición y administración de justicia (58), captación de flujos de inversión extranjera directa (59), problemas de contaminación (59), seguridad cibernética (59), movilidad estudiantil (58) y desigualdad social (57).
Este panorama recesivo se empalma con lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que hace unos días presentó su informe Panorama Social de América Latina en el cual apunta que México es uno de los países en los que la distribución de la riqueza es terriblemente asimétrica; del total de activos financieros el 80 por ciento es propiedad de sólo el 10 por ciento de las familias del país, de las cuales un 1 por ciento acaparan más de un tercio, es decir, el 1 por ciento de la población poseen más de la cuarta parte de la riqueza nacional.
Un país profundamente desigual con cero crecimiento económico donde más de la mitad de su población no obtiene los suficientes ingresos para adquirir la canasta básica y dónde año con año crece el número de personas que a pesar de esforzarse son arrojadas a la pobreza y en dónde el gobierno lejos de resolver los problemas prefiere esconderlos debajo del tapete al manipular las cifras oficiales; y un presidente en picada que no sólo pierde la confianza de sus gobernados sino la propia hasta el punto de convertirse en comparsa involuntaria de un enfermo con poder que amenaza no sólo la estabilidad continental sino mundial. Bienvenidos al México del siglo XXI.
@VargasLopezRaul
