La Suprema Corte de Justicia en México se ha incorporado abiertamente en la confrontación política asumiéndose en el bando del conservadurismo, a pesar que ha tenido dentro de su actividad jurisdiccional definiciones trascendentales contrarias a los conservadores, deja en claro que varios de sus integrantes siguen leales y comprometidos con quienes los pusieron ahí, les aflora el sello del régimen anterior y decidieron constituir al poder judicial en una trinchera política para decidir desde ese poder constitucional liberar delincuentes, detener obras, proteger deudores fiscales y fijar posturas políticas.
El pleito de un grupo de ministros contra el Presidente ya escaló proporciones nunca antes vistas, es realmente un cuartel de la oposición que amenazan con sentencias para seguir liberando ex servidores públicos encarcelados por corrupción, por robarse el dinero del erario y en la mayoría de los casos por estar vinculados o pertenecer al crimen organizado; hay sin duda un trabajo coordinado para que magistrados y jueces federales otorguen impunidad y liberen de cargos a quienes saquearon y ensangrentaron por décadas al país, por supuesto que con honrosas excepciones, pero están focalizados juzgadores y tribunales que operan las decisiones políticas en resoluciones judiciales.
Uno de los casos emblemáticos sobre este modus operandi es el caso del Ministro Luis María Aguilar quien tiene un asunto resguardado por más de ocho meses en el que se disputan veinticinco mil millones de pesos de adeudo al fisco de uno de los muchos empresarios que hizo sus negocios al amparo del poder y no pagaba impuestos, esa cantidad es equivalente a grandes obras de infraestructura o ampliación de programas de bienestar, pero ese mismo ministro atendió de inmediato dos demandas de controversias constitucionales promovidas por la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila contra la distribución de libros de texto de la SEP a lo que el ministro les concedió de inmediato la suspensión.
Aunado a esto, hay la amenaza pública de la mayoría de ministros por un pleito aun prematuro por el presupuesto del Poder Judicial en particular de los integrantes de la Suprema Corte quienes no quieren dejar tener los privilegios como sus sueldos más altos del mundo y una serie de canonjías financieras a costa de los mexicanos, es un exceso lo que ganan, más de seiscientos mil pesos mensuales más otros privilegios millonarios, ellos no están en la idea de tener austeridad, son de la creencia que sin la buena paga al juez no puede garantizarse la indispensable probidad para ejercer sus funciones de impartir justicia.
Estos dueños del poder judicial ya dejaron entrever que tendrán la última palabra en la calificación de la elección presidencial del 2024 desde el tribunal electoral, aunque no deja de ser una bravuconada porque cada vez más se les está complicando a la oposición incluyendo ese reducto que tienen en integrantes del poder judicial, el poder sostenerse política y electoralmente frente a una ciudadanía cada vez más organizada y concientizada difícil de manipular, es cada vez más la gente que defiende al presidente y el proyecto que representa.
La única forma de que la Suprema Corte sobreviva es que la oposición obtenga ligeramente un tercio de escaños en las cámaras del Congreso de la Unión, de lo contrario, ese poder será renovado y ministros y magistrados serán destituidos para que los sustitutos sean electos democráticamente por la ciudadanía.
