La seguridad de que una persona estará protegida económicamente por el Estado, llegada su vejez, fortalece la dinámica de la sociedad. En su ausencia, en las familias con bajos recursos las generaciones jóvenes saben que cuidarán de sus padres y esto impide la movilidad del empleo adonde éste sea más productivo. Para los adultos mayores constituye un estrés innecesario el saberse a cargo de la comunidad o de sus hijos y parientes, contribuyendo a un final de su vida indigno e insatisfecho.
Hasta antes del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la protección económica de la vejez no había sido universal y había estado si acaso asegurada solamente para los que trabajaron para el sector formal un número mínimo de semanas.
Para que una pensión universal mínima funcione, debe ser condición necesaria el cuidado universal a la salud, sin el cual no habría pensión que alcanzase. La edad de retiro debe maximizarse. Con el aumento de nuestra esperanza de vida, la edad mínima para ser elegible para una pensión universal debería aumentar tal vez hacia los 70 años, con posibilidades de hacerlo antes por motivos de salud. Muchos adultos llegamos a la edad mínima de retiro con energía y productividad para seguir contribuyendo a la economía. Por lo que el Estado debería contribuir con un estímulo adicional para los que querríamos seguir trabajando más allá de la edad mínima.
El financiamiento de la pensión universal representa un esfuerzo sin precedentes y todos, formales e informales, debemos contribuir con un porcentaje de nuestros ingresos.
Es necesario establecer con sustento analítico cuál sería el monto mínimo de esta pensión y asegurar constitucionalmente su financiamiento. El monto actual es de mil 550 pesos mensuales para adultos mayores que tienen 65 años o más, y el objetivo es que llegue a 3 mil pesos mensuales en 2024. Yo creo que el esfuerzo gubernamental es formidable y encomiable, pero aún insuficiente. Debemos establecer un programa que nos lleve la meta de un monto digno suficiente y asignarle prioridad obligatoria en la asignación del gasto presupuestal, con los mecanismos que sean necesarios para blindarlo, adicionales a los ya logrados.
@PatyArmendariz
