En el dictamen de la iniciativa presidencial para una reforma electoral promoveré un addendum en relación a la compra del voto, establecida por los malos candidatos quienes basan su estrategia de campaña alrededor de esta dañina práctica, donde saben que el sufragio voluntario no existiría por causa de escepticismo o desconfianza de los ciudadanos, a diferencia de los buenos candidatos que construyen un ambiente electoral creíble y de confianza entre sus futuros votantes.
Los malos candidatos construyen sus campañas alrededor de estructuras que aseguren que los comercializadores de votos, los líderes locales, lleven a sus comprometidos a las casillas después de haber asegurado su compromiso de votar por el mal candidato.
Estos contendientes ilegítimos compiten con igualmente ilegítimas, ventajosas y costosísimas campañas, que por lo general son financiadas por públicos y privados a cambio de promesas de pago de sus favores, enquistando la corrupción en los gobiernos y generando un sistema de falsa representatividad que retroalimenta entre los votantes la falta de credibilidad en la efectividad de su sufragio.
Buscando corregir este aberrante problema es necesario elevar a la compra y venta del voto a la categoría de delitos graves; asegurar que todos los candidatos cuenten con un paz y salvo de estar libres de investigaciones previas, por autoridades federales y locales, de presuntos delitos de cualquier tipo; fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en su capacidad para detectar y sancionar delitos electorales, incluida la evidencia de pago por el voto antes, durante y después de las elecciones; garantizar el transporte ciudadano gratuito a todos aquellos que tengan que recorrer distancias largas a sus casillas; asegurar que un número no menor a tres elementos de la Guardia Nacional vigile las casillas durante la jornada electoral, y reforzar la rendición de cuentas mediante referendos a mitad de ciclo de los mandatarios para que sus promesas de campaña puedan ser evaluadas en su cumplimiento, dándoles a los ciudadanos un incentivo contra su escepticismo de la efectividad de su voto.
@PatyArmendariz
