La reforma eléctrica enviada por el Presidente al Legislativo contiene suficiente evidencia de un arreglo actual destinado a un desarreglo y caos en el sistema eléctrico nacional. Pero hay un par de “perlas”, a las que les dedicaré este apartado, que me parecen el colmo.
La ley advierte que el suministro eléctrico es un servicio de interés público en un régimen de libre competencia. Sin embargo, no hay tal.
En el mercado de electricidad mexicano los precios se determinan “por decreto”, donde se forman únicamente con el costo variable, favoreciendo a las industrias con menores precios determinados de esa manera para despachar electricidad primero. Si los precios se formaran considerando el costo de financiamiento y de inversión, cual debe de ser, la CFE ofertaría los precios menores porque ya amortizó sus inversiones.
Las subastas de corto plazo se asignan de menor a mayor “precio”, pero se realizan al precio más alto del último hecho de asignación, por lo que el precio al que se suministra la energía es el más caro, y es ahí donde los que producen al menor “precio” cubren su costo fijo y obtienen sus utilidades. Si el precio fuera de mercado y se asignara sucesivamente de menor a mayor, los usuarios finales se beneficiarían de la competencia.
La CFE podría producir 45 por ciento de las energías limpias, pero no la dejan despachar dado el mecanismo descrito. Los que las producen y despachan son energías intermitentes, pero la CFE tiene que ponerles las plantas de respaldo con cargo a la CFE, es decir, el “bajo” precio de producción de las energías limpias intermitentes es ficticio porque existe este subsidio.
Este arreglo “de mercado” hace que la CFE, que tiene capacidad ya instalada de producir 54 por ciento de la energía eléctrica, esté actualmente a 38 por ciento y paulatinamente perdiendo mercado y muchísimo dinero, donde el resultado final que observaríamos sería un mercado de producción privado. Si esa era la intención, es una mala intención que nos llevaría a la crisis que están viviendo países como España, por los monopolios que el sector genera de manera natural. Y no queremos eso en un bien público al que todos debemos tener acceso a precios razonables. La propuesta presidencial no es de monopolio, sino al revés.
Patricia Armendáriz
@PatyArmendariz
