En el último mes de 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, se comprometió a presentar y hacer público el dictamen final sobre el helicopterazo en el primer trimestre del 2020.
A la mitad del mes de marzo, y en plena contingencia sanitaria por el coronavirus, en el gobierno federal no hay prisa ni interés, por dar a conocer a los mexicanos lo que ocurrió aquella tarde del 24 de diciembre de 2018.
En todos estos meses, posterior a lo ocurrido en la tragedia aérea que le costó la vida a la gobernadora Martha Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle, a un asistente y a dos miembros de la tripulación, ha habido es desdén por parte de las autoridades federales.
Posterior a filtraciones y gazapos del titular de la SCT en torno al caso, nada ha sido transparente ni tiene contento a nadie, porque empieza a pesar la fuerza del Estado en el control de daños, de la investigación y en el propio acontecimiento.
“Ya está toda la información posible de obtener, ya la tienen los expertos de los cuatro países que están trabajando en esto, ya está lista y se van a reunir en enero y van a empezar a trabajar y nos dijeron que en el transcurso de los dos o tres primeros meses del año que entra estará el dictamen final”, declaró Jiménez Espriú para salirle al paso y prolongar al infinito el dictamen.
Y añadió: “El resultado final de las investigaciones se prolongó para no dejar espacio a dudas y quedar perfectamente establecidas las causas que ocasionaron el accidente de la ex gobernadora de Puebla y su esposo Rafael Moreno Valle. Las autoridades, tanto mexicanas como extranjeras, no dejarán espacio de duda (...) quedarán esclarecidas las causas de la caída del helicóptero”, apuntó Jiménez Espriú.
En otras tragedias aéreas recientes en el mundo, solo en horas, el ministro de Canadá Justin Trudeau presentó evidencias de que “un misil iraní” derribó el avión ucraniano, un Boeing 737-800, con 176 personas a bordo, las cuales murieron. En México, ¿el helicopterazo es un asunto de Estado?
